Congresistas condenan activismo: defensores del matrimonio gay

Abraham Bote
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 2 de mayo, 2019

Mediante un comunicado, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY), en conjunto con Article 19, externó su preocupación por la descalificación de funcionarios públicos ante sus acciones en defensa del matrimonio igualitario.

Algunos congresistas no sólo han minimizado las distintas labores realizadas, sino que las han criticado en un tono que pareciera condenar la labor del activismo a favor de la transparencia en las decisiones parlamentarias, señala documento.

“Los diputados locales tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, lo cual implica ser objeto de escrutinio público. El Congreso de Yucatán, que el pasado 10 de abril tomó de manera secreta una decisión que impacta en la vida de muchas personas, debe respetar tanto las críticas a través de artículos de opinión como la defensa judicial de los derechos humanos. No puede estigmatizar a quienes buscan un ejercicio más transparente y democrático de las funciones legislativas”, dice parte del comunicado.

Luego de que el Congreso de Yucatán rechazara una iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario, diversas agrupaciones, colectivos, activistas y defensores de derechos humanos han tramitado diversos recursos y demandas en varias instancias exigiendo que el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emita un posicionamiento y las recomendaciones pertinentes sobre este tema que es violatorio de derechos humanos, como han manifestados diversos activistas; incluso analizan la manera en que el tema podría regresar al Congreso del estado mediante una iniciativa ciudadana o del mismo Ejecutivo.

Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de PTFY y Article 19, se han vertido varias declaraciones de algunos diputados locales criticando las acciones judiciales y de otra índole que se encuentran realizando los activistas, por lo que ambas agrupaciones externaron su preocupación, recalcando que en una sociedad democrática todas las autoridades deben estar sujetas a la crítica, sobre todo respecto de las decisiones que toman en temas de gran relevancia pública.

Ciertas declaraciones, precisaron, incluso parecieran mensajes con el objetivo de inhibir la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el pasado 30 de abril [i]La Jornada Maya i[/i]nformó que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del poder legislativo, Felipe Cervera, habría asegurado que tiene “perfectamente identificadas” a los activistas que lo acusaron de actuar en respuesta a cobrar “facturas políticas”.

Por último, recordaron que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo. El Congreso de Yucatán tiene a su disposición los medios de defensa en cada uno de los juicios que han sido presentados en su contra, por lo que es ese el escenario para manifestar lo que consideren oportuno respecto de las demandas ciudadanas.