Lilia Balam
Foto: Notimex
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 15 de abril, 2019
Cuestionado sobre la demanda que asociaciones civiles planean entablar contra el Congreso local, debido a que los diputados que votaron en contra de la reforma para permitir el matrimonio igualitario en el estado no expusieron razones válidas para hacerlo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo, Felipe Cervera Hernández, aseguró que ese Poder no es homofóbico.
El priísta comentó que la opinión pública “ha querido plantear el tema” como si la determinación de los diputados “haya sido por un tema de homofobia”, lo cual descartó. “No tiene nada que ver, fueron otros los razonamientos”, añadió.
A su vez, reiteró que la decisión de mantener el voto secreto se realizó para que los legisladores “pudieran manifestarse sin presión de ningún tipo”, y mencionó que “no hay nada más que decir del tema”.
En ese sentido, agregó que el Congreso esperará las acciones jurídicas “con mucho gusto” y respetarán los procesos que la sociedad civil establezca. “Si consideran que se violó algún derecho, esa vía es el camino que hay que seguir, estaremos pendientes de lo que las autoridades dictaminen”, sostuvo.
Como se ha informado en [i]La Jornada Maya[/i], al concluir la sesión ordinaria en la que la LXII Legislatura descartó la iniciativa para reformar la Constitución local en materia de matrimonio igualitario, activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBT externaron que analizarán la posibilidad de demandar al Congreso del estado por descartar la modificación, bajo el argumento de que esa acción viola los derechos humanos.
La coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, explicó que esa asociación, junto con el colectivo Indignación, contactará en los próximos días a agrupaciones como México Igualitario para analizar las vías jurídicas por las cuales se podría demandar al Legislativo, ya que consideran las acciones de los diputados como violatorias de los derechos humanos, debido a que quienes votaron en contra de la modificación constitucional no expusieron razones válidas para hacerlo.
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