Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Captura de video
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 14 de enero, 2019

Varias familias podrían perder sus casas en los fraccionamientos del Arco y Vista Alegre, luego de que la abogada Rebeca Buenfil Méndez desempolvara un supuesto expediente ejidal para despojarlos de sus viviendas, a través de una sentencia del Tribunal Agrario el que pretende rematar sus casas, según explicaron. 120 propietarios de viviendas recibieron iniciando el año una notificación del Tribunal Agrario que favorece a los ejidatarios de Chuburná y a través de la cual exigen el pago de 500 pesos el metro cuadrado, o de lo contrario los despojarán de sus casas y las rematarán.

“No a la mafia agraria, no a la mafia inmobiliaria. Exigimos respeto a la propiedad privada”. Los colonos del fraccionamiento del Arco y de Vista Alegre, realizaron una manifestación en el norte de Mérida hasta el monumento a las Haciendas para exigir “respeto a nuestros derechos humanos y a las autoridades que escuchen nuestras demandas. Afirmamos que no estamos viviendo en terrenos ejidales”.

Desde el cruzamiento de la calle 20 del fraccionamiento Vista Alegre con la avenida Correa Rachó marcharon hasta el monumento a las Haciendas. Allí explicaron que hubo tortuguismo de la administración anterior, pero ahora ya hay más agilidad con el cambio del nuevo gobierno.

“Ya recibimos las primeras sentencias, pero son las primeras sentencias en contra, cuando nunca se desahogaron todas las pruebas, la confesional, la documental. Nunca le hicieron caso a todo lo que presentamos y simplemente resolvieron que debemos pagarle a los ejidatarios. No tenemos nada contra los ejidatarios. Nosotros respetamos los derechos humanos”, afirmaron.

En la marcha se mostraron mantas en las que se acusa a la abogada Rebeca Buenfil Méndez “de utilizar a los ejidatarios para enriquecerse y de encabezar la mafia agraria: nosotros no hemos cometido delito alguno”, insistieron.

“Exigimos un alto a la indiferencia de las autoridades. Los vecinos del Arco exigimos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador; el gobernador, Mauricio Vila Dosal; el alcalde, Renán Barrera Concha y los diputados del Congreso local nos apoyen para evitar una injusticia”, se escuchaban a través de los bocinas de un vehículo.

Explicaron durante la conferencia de prensa improvisada “que se han propuesto luchar por el derecho a nuestra calidad de vida” y señalaron que las 26 hectáreas en las que “se asientan dichos fraccionamientos (y sus casas) en el norte de Mérida, desde 1913 nunca han sido realmente propiedad ejidal”.

“Los terrenos donde estamos viviendo de la noche a la mañana nos vienen a decir que son ejidales, cuando en realidad esta dotación de tierras es de 1929 pero ahora dicen que se dieron cuenta que les falta una porción de terreno de 1994”.


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