Empresarios piden castigo a ex secretarios por daño patrimonial de 533 mdp

Jafet Kantún / Katia Rejón
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 9 de enero, 2019

El sector empresarial de la entidad espera que los responsables del daño patrimonial por 533 millones de pesos al gobierno del estado, principalmente los ex titulares de las Secretarías de Salud, Educación y de Administración y Finanzas, a cargo de Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, Víctor Caballero Durán y Alfredo Dajer Abrimerhi, respectivamente, paguen hasta las últimas consecuencias y que no sea una mera simulación la conferencia del pasado martes.

Michel Salum Francis, presidente de la Canaco Servytur Mérida, declaró que hay una serie de inconsistencias entre “faltantes” y “dineros dudosos”, por lo que se debe investigar “dónde están” los recursos faltantes y la responsabilidad debe recaer en aquellos que “estuvieron al frente, a cargo de la dependencia o como la autoridad lo decida, caiga quien caiga, definitivamente”.

“Si están bien sustentadas y realmente hay un abuso por parte de alguna autoridad, que tuvo la venia del pueblo o del partido o de la gente que le dio esa oportunidad de representar o de estar en un cargo público, la ley tiene que aplicarse definitivamente”, señaló.

El líder empresarial afirmó que si se están sacando a la luz muchas irregularidades o discrepancias e incluso interponiéndose denuncias se debe llegar a las últimas consecuencias.

Advirtió que debe servir como llamado de atención para los que hoy están en sus nuevos cargos para que, por favor, tengan responsabilidad, manejen los dineros de una manera responsable, que se conduzcan con honestidad.

Opinó que no piensa que estas denuncias tengan un tinte partidista, ya que son irregularidades bien documentadas y que los medios y ciudadanía gracias al acceso a la información, pueden vigilar.

[b]Cacería de brujas[/b]

Para Juan Manuel Ponce Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, “el día de ayer el ejecutivo hizo una demostración de que su promesa de campaña de ir contra la corrupción la piensa ejercer. Denunciar a la administración anterior también compromete a que en su administración no suceda lo mismo”,
“Esperamos que esto no sea una cacería de brujas que en muchos estados de la república se ha visto, se han dado denuncias de este tipo que no llevan a nada y sólo dejan una sensación de impunidad”, agregó.

A su parecer es indispensable que la Fiscalía y la Vicefiscalía Anticorrupción preparen las carpetas de investigación adecuadamente, de lo contrario será percibido como si el gobernador, Mauricio Vila Dosal, sólo está respondiendo a las presiones sociales y los medios de comunicación para “cumplir”.

“Que lo haga con todo el apego de la ley y el debido cuidado al respecto. Me parece importante que haya transparencia y cuidado en las palabras. Ayer se mencionaron irregularidades y faltantes que no precisamente significan corrupción. Esperamos transparencia una vez que las denuncias estén presentadas”, afirmó.

Agregó que para que a Yucatán le vaya bien es necesario que el gobernador pueda trabajar en su Congreso, conformado por príistas, así como con delegaciones de Morena y los municipios del interior.

[b]Sentar precedentes[/b]

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, emitió un comunicado en el que celebra la postura adoptada por la actual administración.

“Es muy positivo que el Gobierno del Estado siente precedentes en materia del combate a la corrupción y la impunidad, sobre el anuncio realizado este martes por irregularidades administrativas y financieras de la pasada administración, por un monto estimado en 533 millones de pesos”, reza el documento.

Asimismo, el líder empresarial señaló la importancia de que las autoridades estatales transparenten debidamente las anomalías halladas en las mil 938 auditorías practicadas en los procesos de entrega recepción y, que se actúe conforme a derecho.

El presidente de la Coparmex en la ciudad señaló que las acciones anunciadas este martes por el gobierno del estado, cuando la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, la contralora Lizbeth Basto Avilés, y el consejero jurídico Mauricio Tappan Silveria, de interponer 26 denuncias por el daño patrimonial, lo comprometen aún más a no permitir acto de corrupción alguno por parte de ninguno de sus funcionarios, acciones que deberán medir el trabajo y la actuación de todos los empleados públicos de esta nueva administración estatal.

Finalmente, exhortó a la administración de Vila Dosal a no caer en la tentación de emprender una simple “cacería de brujas”.