Texto y fotos: Oscar Rodríguez
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 20 de octubre, 2017
Desde la máxima tribuna del estado el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa Abimerhi, denunció que los magistrados del poder Judicial contrataron un despacho de abogados constitucionalistas para echar abajo la ley que les retira el fuero a todos los funcionarios de los tres poderes del estado y a los 106 alcaldes.
El legislador abordo la tribuna en asuntos generales el legislador panista reveló que luego de realizar una exhaustiva revisión logro obtener el acta de la sesión celebrada el 25 de mayo donde los magistrados acordaron presentar una controversia constitucional en contra de la ley que elimina el fuero.
“El 25 de mayo ni siquiera habían aprobado los ayuntamientos esta reforma, el 25 de mayo estábamos en total proceso legislativo, no se había publicado, el 25 de mayo no contaban con la información de que era lo que estábamos debatiendo en el congreso y ya habían acordado ir a la suprema corte”, denunció.
Reveló que en esa sesión los magistrados del poder judicial fueron más allá al autorizarse que los gastos que generará la promoción del amparo para preservar ese privilegio fueran a cargo del erario público.
“Están destinando presupuesto público para defender un privilegio que tienen, por cierto también leímos que pretenden duplicar su presupuesto este año, usan el presupuesto para conservar sus privilegios me parece una notoria contradicción, porque los gastos indispensables no es contratar un despacho especialista que radica en la ciudad de México”, señaló.
Detalló que nueve de los abogados que están autorizados para llevar la controversia constitucional por parte del poder judicial el estado son integrantes de un despacho privado.
“Los especialistas de derecho constitucional de Yucatán, están contratando a otros para representarlos, están representados por un despacho privado, por si desea consultar el directorio es el bufete Garcia-Jimeno”, detalló.
Finalmente demandó al gobierno del estado a asumir una postura en torno a la controversia constitucional promovida por el poder judicial del estado la cual será resuelta por la SCJN dentro de seis días.
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