Óscar Rodríguez
Foto tomada de la web
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 12 de septiembre, 2017

El consejero del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inaip) Aldrin Briceño Conrado, advirtió que a partir de enero del 2018 los sindicatos con financiamiento público tendrán que revelar los montos que reciben, o de lo contrario serán sancionados por la ley.

Abordado por los medios de comunicación, indicó que actualmente el Inaip solo realiza pláticas conciliatorias con los nuevos sujetos obligados, con el objetivo de lograr que a la brevedad se sometan al marco jurídico vigente.

Precisó que el artículo 49 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, señala que los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos, o realizan actos de autoridad, deben cumplir con las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas por la legislación.

Añadió que la propia Ley estatal establece la obligación, a los sujetos que hayan asignado recursos públicos a sindicatos, de remitir al Inaip Yucatán sus listados.

Apuntó que el marco legal indica que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable, como lo son contratos y convenios.

Detalló que las organizaciones gremiales que se encuentran en dicho supuesto están obligadas a dar a conocer el directorio de su Comité Ejecutivo, el padrón de socios, y la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban, así como el informe detallado de su ejercicio, además del destino final de los recursos públicos.

Dijo que, derivado del programa de verificación que realiza el Inaip Yucatán, se lleva a cabo el análisis de la situación que guardan estos sindicatos en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, así como de aspectos que determinarán si realmente pertenecen al padrón estatal.

“A partir de enero entramos en otro proceso donde entonces si el órgano garante puede iniciar procesos en contra los sujetos obligados que no cumplan con la ley general”, finalizó.


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