Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 18 de agosto, 2017

El auditor superior de Yucatán, Mario Can Marín, dijo vía telefónica a Infolliteras.com que se tramitaron 16 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado en contra de igual número de ex alcaldes yucatecos, por irregularidades en sus cuentas y posibles actos de corrupción por unos 80 millones de pesos.

Explicó que la Auditoría Superior del estado (ASEY) se encuentra en el proceso de auditorías de la cuenta pública correspondiente al año 2016; se están aplicando estrategias y la posibilidad de aumentar el alcance de alguna de las denuncias.

Can Marín señaló que todo está bien documentado y sustentado para evitar actos dolosos a las cuentas públicas y que el dinero público proveniente de la federación y los impuestos está bien transparentado y asignado.

Afirmó que se trata de los principales hallazgos y evidencias y observaciones encontradas hasta este momento.

Indicó que los alcaldes denunciados no sustentaron varios gastos, pero todavía pudieran hacerlo ante la FGE y de hacer caso omiso a los requerimientos serían sancionados.

Asimismo, reveló que algunos de los alcaldes denunciados son la ex alcaldesa Natali Mis Mex, de Tinum, por 20 millones de pesos, y así como María Cecilia Abraham Hoyos, ex presidente municipal de Halachó, por posible daño patrimonial de 30 millones de pesos.

En la lista también aparece el ex alcalde de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, por presunto daño patrimonial de 16 millones de pesos, así como Renán Alberto Cocom Verde, ex presidente municipal de Dzoncauich, por 9 millones sin justificar.

Entre los señalados se encuentra, igualmente, Flor Mireya Acosta Novelo, ex primera edil de Hoctún, por un presunto daño al erario público por 9 millones de pesos, explicó Can Marín.

El recientemente nombrado auditor, concluyó señalando que la administración de la ASEY a su cargo está “por el cero compromiso con personas o partidos políticos. El único compromiso es con la sociedad y con que el recurso público se invierta bien, de manera correcta y con apego a las leyes, normatividades y en beneficio de la sociedad yucateca.”


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