María Briceño
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 11 de julio, 2017

Cuando la partera profesional Sara Marie Forrest Jaimes se enteró de que en Yucatán hay alrededor de 500 parteras, se imaginó que había llegado al lugar ideal para desarrollar su oficio. Tiempo después comprendió que no se sumaría a dicha cantidad, ya que ninguna institución ha podido acreditar como válidos sus estudios. En entrevista con La Jornada Maya, Sara denuncia que ha recibido amenazas, malos tratos y la han tachado de estafadora.

Forrest Jaimes ha acudido a la Secretaría de Salud en Yucatán (SSY), al Centro de Salud de Progreso, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para acreditar sus estudios y ejercer de manera correcta su profesión, pero la respuesta es la misma: sus estudios no tienen equivalencia en México y no saben a qué institución canalizarla.

La originaria de Rhode Island ha intentado en varias ocasiones entablar una cita para hablar de su situación con Jorge Mendoza Mézquita, titular de la SSY, sin éxito alguno.

Sara comenzó a trabajar con la Asociación Mexicana de Partería, que tiene como fin dignificar la profesión y dar le voz a las mujeres durante el parto. Atendía alumbramientos en un hospital. Sin embargo, se dio cuenta que los enfermeros apuntaban lo que ella hacía y entregaban el reporte a su jefe directo, por lo que la jefa de enfermería la mandó a llamar para reprenderla por omitir procesos en el parto, mismos que según Sara no estaban dentro de sus responsabilidades.

En el Centro de Salud de Mérida, una trabajadora social de nombre Lupita les negaba a los pacientes la hoja de oficio de recién nacidos. “A los pacientes los regañaban y me llamó estafadora. Decía cosas que desacreditaban a mi persona. Sin embargo, ella (Lupita) es la única persona en el estado que puede dar hojas de recién nacidos a bebés que no nazcan en hospitales”, por lo que Sara le daba seguimiento a sus pacientes hasta que tuvieran las hojas de recién nacido, proceso que en ocasiones ha tardado varios meses.

La partera explica que después de dar a luz en sus hogares, sus pacientes tenían que ir con Lupita y cuando asistían al Centro de Salud eran discriminadas por haber elegido a una partera y no un hospital.

Sara, junto con una paciente suya que es abogada, decidieron demandar a Lupita por sus malos tratos pero al hacerlo se demandó a toda la Secretaría de Salud, sin ser ésta la intención inicial. En el proceso intervino también la Comisión de Derechos Humanos del estado (Codhey).

En una ocasión, Sara recuerda que para dar de alta a un bebe, el Centro de Salud solicitó a la paciente el acta de nacimiento del pediatra que estuvo presente en el parto, acto que la Codhey calificó como una violación a los derechos humanos, ya que la institución pedía un documento innecesario.

Resulta contradictorio que se le exija a Sara una cédula para desempeñar su profesión de partera, ya que ninguna de las registradas en Yucatán como tradicionales, cuenta con ella para desempeñarse.

[b]Violencia obstétrica, una constante en el estado[/b]

Sara reside en Yucatán desde 2015 y ha podido ver, desde el primer parto que asistió, las dificultades y abusos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de dar a luz. Afirma que la violencia obstétrica es una constante en los hospitales de Yucatán, por lo que se ha dedicado a dar pláticas de información acerca del tema.

“La violencia obstétrica es una violencia de género, es una violencia dirigida específicamente a las mujeres y no se habla mucho del tema. Cuando somos víctimas de la violencia estamos educadas como mujeres para aceptarlo y seguir con la vida. Ocurre lo mismo con la doméstica, la sexual. Tristemente así estamos educadas desde pequeñas” afirma.

A menudo se encuentra con mujeres que han tenido una experiencia traumática en su primer embarazo, por lo que no se quieren arriesgar a dar a luz por segunda vez.

La violencia obstétrica puede ser negligencia médica, violencia verbal o física. En la mayoría de los casos son las dos primeras. Puede ser desde que te prohiban pasar a labor de parto con una persona acompañándote, hasta que no respeten la decisión de la embarazada en no aplicar ninguna clase de medicamentos.

Sara comparte que durante la labor de parto es común que el ginecólogo se apoye de la pareja de la parturienta para convencerla de tener una cesárea, con el argumento de que “es lo mejor”.

También subraya el alto índice de cesáreas que se llevan a cabo en Mérida, mismo que adjudica a su alto precio médico. Esta operación se cobra al doble que un parto natural y los gastos en seguros médicos no se pagan si son partos naturales; tienen que ser forzosamente por una cesárea.


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