Paul Antoine Matos
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 14 de marzo, 2017

Alrededor de 50 ejidatarios inconformes protestaron frente al Palacio de Gobierno, ayer por la mañana, para exigir hablar con el gobernador Rolando Zapata Bello y buscar una solución al conflicto que, aseguraron, se trata de un despojo de tierras y también de poner en peligro el medioambiente, primordialmente por contaminación del agua.

Entrevistados en la Plaza Grande, los ejidatarios relataron que el domingo se realizó una “asamblea ilegal”, debido a que se les impidió el paso, con la presencia de más de 25 policías, además de que se cambió el lugar donde se llevaría a cabo, sin previo aviso.

El resultado de dicha asamblea, fue la destitución de la comisaria ejidal Claudia Cob Durán, elegida el pasado dos de octubre. En sustitución de ella, se reeligió a Paulino May Moo, quien ya había sido comisario y quien fue señalado como uno de los principales beneficiados del despojo de tierras.

Los ejidatarios también acusaron a personal de la empresa de sobornar a sus compañeros con despensas, cervezas y dinero en efectivo, entre mil y cinco mil pesos. Según afirmó una persona, que prefirió permanecer en el anonimato, les hicieron firmar de recibido por el monto recibido.

Mientras se expresaban en la Plaza Grande, el poeta y activista Javier Sicilia pasó por el lugar y declaró que en todo México se observan este tipo de luchas.

Durante la manifestación en Palacio de Gobierno, un grupo de cuatro ejidatarios, incluyendo a Cob Durán y al abogado Rodolfo Macossay Cuevas, ingresaron para discutir con el secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, la situación en Chocholá.

Sin embargo, el funcionario no se encontraba, por lo que fueron atendidos por Gaspar Quintal, subsecretario de Asuntos Políticos.

“Entendieron que era una petición motivada y fundada y que lo que pedimos está dentro de sus atribuciones”, dijo el abogado.

Las autoridades indicaron que tendrían que generar mesas de diálogo con cinco dependencias. Con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que se les entregue el manifiesto completo de Impacto Ambiental que conlleva la implementación de una industria como la calera, porque “el daño ecológico y social que que se generará es irreversible”; con la Fiscalía General del Estado, porque los ejidatarios han generado denuncias penales, pero no resuelven las investigaciones, eso alenta la justicia y provoca enfrentamientos sociales; con la Secretaría de Seguridad Pública se pidió que no se envíen policías a amedrentar a los campesinos, porque eso impide la libertad de expresión; con el Instituto de Seguridad Jurídica del estado, porque hay muchas propiedades privadas que eran tierras del ejido, que para cambiar su tipo de uso de suelo, tendría que ser tierra devastada, pero la autoridad malentiende el carácter de esos espacios; a la Procuraduría Agraria se le pide reconocer que sus representantes actuaron ilegalmente en la destitución de la comisaria ejidal, expresó.


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