La Jornada Maya

Texto y fotos: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 8 de febrero, 2017

Arropados por el líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Paz Alonzo, y al menos cinco legisladores que conforman la bancada albiazul en el Congreso local, choferes de la empresa Uber y personas que se identificaron como “ciudadanos” denunciaron la detención ilegal de al menos 80 vehículos de reciente modelo, con el pretexto de aplicar la Ley de Transporte.

En rueda de prensa, realizada en la sede estatal del PAN, el líder albiazul aseguró que el gobierno del estado no puede aplicar la llamada [i]ley antiuber[/i] deteniendo de manera arbitraria todo vehículo sospechoso, bajo el argumento de que trabaja como unidad del servicio público que utiliza alguna plataforma tecnológica.

“No puedes aplicar la ley realizando una ilegalidad, exigimos que se detenga la cacería, porque de lo contrario se estará sentando un precedente de que la autoridad puede pisotear el derecho de un ciudadano como lo es el libre tránsito”, señaló.

Indicó que luego de exponer ante el Congreso local su rechazo a las detenciones arbitrarias, solicitaron un encuentro con el gobernador Rolando Zapata Bello, para lograr establecer una solución, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la acción de inconstitucional promovida por el PAN y la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jazmín Villanueva Moo.

Por minutos, el encuentro con los medios se tornó áspero, toda vez que en el lugar se encontraban varios choferes de Uber convocados por los panistas, quienes interrumpieron a los comunicadores cuando hacían algunas preguntas como ¿por qué Uber no se registra ante la Dirección del Transporte del Estado de Yucatán (DTEY), como lo han hecho otras empresas del mismo giro?

Lázaro Cárdenas González, quien durante la rueda de prensa tomó la palabra para denunciar que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), le quitaron su unidad a una de sus hijas, cuando transitaba por el fraccionamiento Las Américas, bajo el pretexto de ser chofer Uber, aseguró que ni su persona ni su hija laboran en la citada empresa y que el único pecado que cometieron fue tener un carro de reciente modelo y contar con un seguro de cobertura amplia.

Precisó que a más de una semana, no le ha sido entregada la unidad e, incluso, nadie le ha podido decir dónde se encuentra.

Elías Lixa Abimerhi comentó que no es posible que se interponga un amparo colectivo en favor de quienes laboran en la citada empresa de transporte privado, por lo que dijo que sólo queda esperar que la SCJN resuelva la acción de inconstitucionalidad.

Indicó que existe plena disposición por parte del equipo de abogados de Acción Nacional para atender cualquier duda jurídica de quienes vean afectados sus derechos por la “cacería” iniciada por el gobierno de Zapata Bello.


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