La Jornada Maya
Foto: Facebook Congreso del Estado de Yucatán

Mérida, Yucatán
Viernes 12 de junio, 2020

Al celebrar el Primer Periodo Extraordinario, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad expedir la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, que abroga la Ley del Sistema Estatal de Archivos de Yucatán, suscrita por el diputado Manuel Díaz Suarez (PAN).

La plenaria comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento de la diputada de Morena de Colima, Francis Anel Bueno Sánchez, que fue secuestrada el pasado 29 de abril del año en curso y su cuerpo fue hallado sin vida en fechas recientes.

Además, avalaron por mayoría, con el voto en contra de Morena, reformar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán, signada por Alejandro Cuevas Mena (PRD), en relación al cobro de derechos por los servicios que presta en materia de Protección Civil los Ayuntamientos, por lo que cualquier municipio podrá solicitarlos, aún sin contar con una Ley de Hacienda.

También por mayoría, fue aprobado modificar la Ley de Ingresos del Municipio de Samahil, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2020, sobre el pago de derechos para la apertura y revalidación de licencias para el funcionamiento de los establecimientos y derechos por servicios de Protección Civil Municipal.

De igual forma, en la sesión fue avalada por unanimidad modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, en materia de sanciones a conductas discriminatorias motivadas por condiciones de salud.

El proponente de la Ley de Archivos, Manuel Díaz Suárez (PAN), señaló que, con esta nueva Ley, se fomenta al combate a la opacidad y prevé políticas públicas para prevenir y evitar daños por corrupción a aquella información que es generada por los sujetos obligados, que son todos aquellos órganos que reciben dinero público.

“La nueva legislación viene a completar las garantías del gobernado respecto al derecho a la información como son el derecho a informar o difundir, el derecho de buscar la información, así como el derecho a ser informado, esto, a grandes rasgos permite aseverar que el Estado tiene obligaciones, como las de no restringir ni limitar directa o indirectamente el flujo de información”, recalcó.

La diputada Karla Franco Blanco (PRI), mencionó que esta nueva ley busca generar una gestión de archivos eficaz, responsable y transparente, en la cual cualquier persona, sin discriminación, pueda acceder a los documentos de gobierno.

En el mismo sentido, la diputada Silvia López Escoffié (MC), resaltó que es un cambio de paradigma en el manejo de la información por parte de las dependencias públicas y construye un nuevo sistema, para que exista el gobierno abierto a la ciudadanía, siendo un paso más al parlamento abierto y también, al cabildo abierto, para que la sociedad conozca más sobre las acciones de los ayuntamientos.
 
Al abordar las reformas a la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos de Samahil, el diputado Víctor Sánchez Roca (PAN), abundó que se les dota a los municipios nuevas medidas tributarias, en materia de protección civil y de funcionamiento de negocios, para que puedan percibir mayores ingresos por los servicios que brindan a la ciudadanía.

Con relación a las reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, la también promovente del tema, Janice Escobedo, argumentó que este dictamen permite incorporar como conductas discriminatorias, el prohibir o negar el libre acceso, permanencia o ascenso al empleo por el estado de salud; así como la difusión de información sobre su condición de salud o historial médico sin consentimiento de la persona.

Así mismo, explicó, se duplicarían las multas a ciertas conductas discriminatorias que sean motivadas por el estado de salud de cualquier persona durante el periodo que comprende la declaración de contingencia sanitaria o de emergencia sanitaria.

“Tales como ofender o promover la violencia a través de mensajes e imágenes; incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o a la exclusión de alguna persona o grupo; al igual que impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga”, enfatizó.

En el mismo punto, la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN), indicó que estas reformas permiten el derecho al personal del sector salud, a laborar en paz y no ser vulnerados en su integridad física, así como agresiones y humillaciones, acoso y amenazas, que han sufrido a causa de la pandemia por el Covid-19.


Edición: Enrique Álvarez


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