La Jornada Maya
Foto: Fernando Eloy
Mérida, Yucatán
Jueves 21 de mayo, 2020
En el periodo de contingencia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó 307 procedimientos, inició 11 quejas y emitió 45 medidas cautelares, la mayoría de los casos por asuntos relacionados con actuaciones de autoridades municipales y de sus corporaciones policiacas en la aplicación de medidas en la contingencia.
En la recta final del periodo de contingencia, la CODHEY pidió a las autoridades preservar la legalidad y seguridad jurídica en todas las medidas de prevención.
En este periodo, las oficinas de la CODHEY tanto en Mérida como en sus delegaciones de Tekax y Valladolid han atendido los llamados de los ciudadanos, en la mayoría de los casos asuntos relacionados con las medidas implementadas por pandemia, los cuales aún se siguen reportando, por lo que se recuerda que si bien ha sido decretada una emergencia sanitaria para proteger la salud pública y evitar una propagación y contagio que ponga en grave riesgo a la sociedad, no por ello deben establecerse restricciones o límites a los derechos humanos sin la observancia de la ley, o bien, que en forma desproporcionada impliquen una vulneración innecesaria, no justificada y por una temporalidad indeterminada.
De las medidas cautelares que se emitieron, cuatro fueron para el Presidente Municipal de Peto; tres fueron para el Ayuntamiento de Celestún y para el Presidente Municipal de Panabá, respectivamente; dos a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, al Presidente Municipal de Tizimín, al Presidente Municipal de Valladolid, el Presidente Municipal de Río Lagartos y al Ayuntamiento de Izamal, respectivamente.
Se emitió una medida a cada una de las autoridades señaladas a continuación: a la Secretaría de Educación, a la Policía Municipal de Dzidzantún, al Ayuntamiento de Mérida, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, al Presidente Municipal de Valladolid, al Presidente Municipal de Espita, al Presidente Municipal de Chemax, al Presidente Municipal de Chichimilá, al Presidente Municipal de San Felipe, al Presidente Municipal de Dzitás así como a los Ayuntamientos de Cenotillo, Huhí, Umán, Sinanché, Kinchil, Progreso, Yobaín, Maxcanú, Kanasín, Homún y Hoctún, respectivamente.
Como se dio a conocer oportunamente, por la contingencia la CODHEY modificó su esquema de atenciones, privilegiando la vía telefónica por la que se atendieron casi el 80 por ciento de los asuntos; un 10 por ciento por correo electrónico; y el otro 10 por ciento fue a través de la página de [a=https://codhey.org/quejas]internet[/a] y por publicaciones en medios de comunicación.
De los 307 procedimientos, 161 fueron orientaciones a diferentes instancias debido a que se trataban de asuntos que no son competencia de la CODHEY, muchos de ellos por asuntos relacionados con cuestiones laborales de empresas privadas, asuntos de carácter penal, entre otros.
Se atendieron 146 gestiones de asuntos que competen a la CODHEY, 102 en la ciudad de Mérida que comprende a los municipios de la zona; 29 en Valladolid y 15 en Tekax.
Entre los señalamientos más recurrentes por parte de los ciudadanos en las gestiones se encuentran por asuntos relacionados con detenciones en cárceles municipales, por condiciones de personas en reclusión en penales, personas extraviadas, personas con discapacidad, personas mayores, actuaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud así como por dos fallecimientos.
También los ciudadanos señalaron hechos que consideraron violatorios de derechos humanos cometidos por las autoridades de Cenotillo, Huhí, Hunucmá, Tekit, Tizimín, Umán, Panabá, Tekax, Oxkutzcab, Sacalum, Mayapán, Peto, Sucilá, Tinum, Espita, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Río Lagartos, San Felipe y Dzitás.
En este periodo, se integraron 11 quejas por: detención arbitraria, lesiones, allanamiento de morada, robo, prestación indebida al servicio público, violación al derecho a la mujer a una vida libre de violencia, daño en propiedad ajena, derecho a la legalidad en su modalidad de dilación, tratos crueles e inhumanos o degradantes, violación a los derechos del niño, violación al derecho de los menores se proteja su integridad, discriminación y violación al derecho a la libertad de expresión.
Las 11 quejas iniciadas en el mes de abril son en contra de la policía de Kanasín, la FGE, SEGEY, SSP así como por las corporaciones de Samahil, Chacsinkín y Dzidzantún.
Edición: Elsa Torres
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