Codhey insta a autoridades para garantizar el respeto a derechos humanos durante contingencia

Abraham Bote
Foto: Codhey
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles, 22 de abril, 2020

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reitera su llamado urgente para que en la determinación de las políticas y medidas sanitarias determinadas por las autoridades estatales y municipales, se garantice un absoluto respeto a los derechos humanos.  

Con el fin de salvaguardar la salud pública debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 las autoridades deben garantizar y preservar, la legalidad, que no haya discriminación y  asegurar el derecho a la salud de los grupos vulnerables, incluidos los internos en los centros penitenciarios del estado.  
“Este organismo propugna porque los derechos humanos, la dignidad, la salud y la vida sean la prioridad en estos momentos; por lo que estamos a favor de fortalecer las medidas prevención sanitaria pero dentro de una política pública que pondere los objetivos que pretenden alcanzarse y siempre que preserven una visión garante de los derechos humanos”, manifestó la Codhey.  

En un comunicado, el organismo  indicó que en específico se debe  preservar la legalidad y seguridad jurídica en todas las medidas que sean dictadas con el objeto de prevenir y contener la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), asimismo se debe  garantizar la igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos sociales y económicos: trabajo, la seguridad social, salud, educación, alimentación, agua, vivienda, de la población en nuestra entidad, por la afectación indirecta al mínimo vital de las personas en Yucatán.

A su vez, de acuerdo con el documento, también se debe  velar por la la igualdad, no discriminación e integridad física y psicológica de las personas que trabajan en el sector salud, asegurar el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños, y adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo acciones para salvaguardar su integridad física y psicológica durante esta pandemia.

[b]Covid-19 y cárceles[/b]  

Aunado a esto, la comisión indicó que el Estado debe garantizar la salud de las personas privadas de su libertad y personal que labora en los Centros de Reinserción Social de Tekax, Ebtún y Mérida, en el Centros de Reinserción Social femenil, Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), los centros de detención estatales y municipales, el hospital psiquiátrico; y en general, a personas internadas o albergadas en refugios y centros asistenciales.

“Externamos también nuestra preocupación por quienes se encuentran en confinamiento, y mediante este documento, hacemos de nueva cuenta un llamado para fortalecer las medidas de control hasta ahora impuestas, con la visión por sobre todo, de continuar “previniendo” que no exista ningún otro caso, y se evite la propagación de esta enfermedad”; indicó el organismo autónomo.  

Por lo tanto,  se solicita, entre otras cosas, identificar a la población privada de su libertad o interna que son adultos mayores y/o personas con enfermedades crónico degenerativas; en el CERESO femenil, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, en quienes las consecuencias de padecer esta enfermedad conlleva el riesgo para su vida; reevaluar en lo posible, la ocupación de los espacios de alojamiento, actividades y espacios de uso común, de tal forma que se redefina una separación de categorías en forma temporal debido a la necesidad de proteger la salud; sobre todo de las personas en mayor situación de riesgo ante el contagio de COVID-19.  

A su vez, adecuar los centros de detención estatal y municipales asegurando que en forma estricta se preserven las medidas de distanciamiento social, así como las condiciones médicas y sanitarias previstas por la autoridad competente; mantener estrecha coordinación con el sistema de salud pública, para que las políticas y prácticas dictadas sean incorporadas en los lugares de privación de libertad o internamiento, considerando la movilidad, actividades cotidianas, el personal y la infraestructura con la que cuentan.

Edición: Enrique Álvarez