Abraham Bote
Foto: Luis Boffil
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 2 de abril, 2020
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, hizo un llamado a las autoridades municipales a no extralimitarse en las medidas implementadas por la contingencia de salud, causada por el COVID-19, y violentar el artículo 11 constitucional que protege el derecho al libre tránsito.
En varios municipios del estado el gobierno ha instalado filtros sanitarios para prevenir contagios y controlar el acceso de las personas. Sin embargo, ante el temor de que el COVID-19 pueda propagarse libremente, habitantes de diversas localidades han tomado individualmente medidas más severas como colocar puestos de revisión, retenes para impedir la entrada de personas ajenas a sus comunidades y en algunos casos hasta bloqueos.
En Motul las autoridades cerraron desde el jueves los caminos de entrada a la localidad con piedras y escombros, usando la excusa de que varios vehículos burlaron los puestos de control oficiales. También circuló en redes sociales el caso de unas personas de la comunidad a quienes no les dejaron descender por indicaciones de la policía.
A estas medidas igualmente se han sumado otras comunidades como Sinanché, Yobaín, Dzidzantún, Dzilam González, Dzilam de Bravo y Buctzotz.
Los pobladores, en ocasiones inducidos por sus alcaldes, se han radicalizado. Trascienden imágenes de troncos, letreros con señalamientos, alambres, cuerdas y hasta camionetas para restringir el paso de las personas foráneas.
El caso más reciente de estos cercos extraoficiales ocurrió en el pueblo maya de Kanxoc. Los pobladores denunciaron bloqueo e incomunicación por la emergencia sanitaria y responsabilizaron de los mismos al alcalde de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, quien, de acuerdo con la información, ordenó derramar volquetes de escombro sobre el cruce conocido como periférico, a través del cual la comunidad se comunica con la cabecera municipal.
De acuerdo con el equipo Indignación, la medida ordenada por el municipio de Valladolid no sólo es restrictiva y contraria a los derechos humanos, puesto que atenta contra la garantía de libre tránsito, sino que viola los derechos del pueblo maya e implica racismo y el desprecio hacia esta comunidad.
"La incomunicación, violatoria en sí misma, puede tener efectos graves en el contexto de emergencias, tal como ocurrió ayer cuando fue necesario trasladar desde Kanxoc a Valladolid a una mujer embarazada para dar a luz. El bloqueo puso en riesgo la salud de la madre y el hijo. Además, el cierre de la entrada a Valladolid fue decidido sin consultar al pueblo de Kanxoc y sin siquiera hacerlo de su conocimiento", señalaron.
El titular de la Codhey indicó que la libertad de transitar por el país, y en consecuencia en nuestro estado, se garantiza en el Artículo 11 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
Edición: Gina Fierro
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