Graciela H. Ortiz
Foto: Congreso de Yucatán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 30 de marzo, 2020


El paquete de estímulos fiscales, que el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal envió al Congreso del Estado para enfrentar la contingencia del coronavirus COVID-19, apenas va a cubrir el 20 por ciento del impacto que se espera sufra la economía yucateca, según aseguró el director de la Agencia de Administración Fiscal (AAFY) Juan Carlos Rosel Flores, en su informe ante la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso local, a fin de aclarar dudas sobre la propuesta del Ejecutivo, donde se solicita dos empréstitos de hasta tres mil 200 millones de pesos para apoyar a distintos sectores de la población y obras públicas, y reactivar la economía.

Cinco funcionarios estatales, liderados por la secretaria de Administración y Finanzas (SAF) Olga Rosas Moya, se presentaron este lunes al Congreso del Estado, el ya mencionado titular de la AAFY, Rosel Flores; Édgar Ramírez Pech, jefe de despacho del Gobernador; Gerardo Díaz de Zavala, subsecretario de Inversión, Desarrollo Económico y Financiamiento de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) y Rafael Hernández Kotasek, titular de la Secretaría de Planeación y Evaluación (Seplan).

Luego de más de tres horas de exposición, por parte de los funcionarios y tras responder la serie de preguntas de los legisladores, se decretó un receso. Al regreso, alrededor de las 17 horas, la Comisión de Presupuesto continúa discutiendo y analizando el paquete de estímulos fiscales para tomar una decisión.

En su alocución Rosel Flores sostuvo que México tiene un PIB de 1.15 billones de dólares, a un tipo de cambio de 24, alrededor de 23 mil billones de pesos, “eso es lo que vale la economía de nuestro país; se espera que caiga un seis por ciento lo que equivaldría a una caída de un billón 380 mil millones de pesos en la economía”.

Aseguró que si se hace el mismo ejercicio para Yucatán, “y pensamos en un escenario con una caída del seis por ciento, equivaldría a 15 mil millones de pesos menos en la economía del estado, por lo que estamos presentando al Congreso un plan que incluye dos maneras de enfrentar la crisis, pero que en conjunto representan el 1.17 por ciento del PIB, el 20 por ciento de lo que se espera que caerá la economía del Estado”.

Por su parte, la secretaria de Administración y Finanzas Olga Rosas Moya aclaró que se debe entender que el programa de apoyo para atender la contingencia de salud es de “hasta” mil 500 millones de pesos y lo mismo el crédito de largo plazo “hasta” mil 700 millones de pesos, ya que en ambos casos no se puede rebasar el techo de financiamiento neto de dos mil 928 millones de pesos, conforme con la Ley de Disciplina Financiera.

Por otro lado, al ser cuestionada si se ha estado redireccionando el presupuesto, sostuvo que justamente los gastos que se han generado hasta el día de hoy en salud han salido de ese redireccionamiento, “alrededor de 150 millones de pesos adicionales a lo que estaba presupuestado”.

“También se espera una caída recaudatoria en los ingresos de los impuestos locales; esa caída recaudatoria, en un estimado moderado de inicio, ronda los 700 millones de pesos y dependerá del avance de la pandemia y de la prolongación de la crisis económica para evaluar cómo impactará de más en nuestras finanzas”, precisó más adelante Rosel Flores.

Rosas Moya urgió a aprobar, también, el crédito a largo plazo de hasta mil 700 millones de pesos para reactivar la economía del Estado mediante la inversión pública productiva y asegurando los planes de obra pública, ya que “gestionar un crédito a largo plazo lleva tres meses, por eso se solicita ahora, en el caso que fuera autorizado tendríamos que hacer el registro del mismo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente hacer una licitación”.

Con relación a la transparencia del manejo de los recursos, Rosel Flores, puntualizó que “estamos conscientes de que en el pasado ha habido casos y ejemplos muy negativos en la sociedad, por lo que va a estar involucrada la Contraloría del Estado y esperamos que la Auditoría Superior de Yucatán (ASEY) ejerza vigilancia, pero estamos abiertos a buscar mejores maneras de darle certeza al ejercicio de esos recursos”.

Mientras tanto los legisladores solicitaron un comité de vigilancia para dar seguimiento a la aplicación de los recursos y que ese dinero no se canalice a otros rubros.

Indicó que todos los programas de apoyo van a contar con reglas de operación que “nos permitan dar orden a la entrega de los recursos, lo que se está brindando al sector empresarial se está dando en forma de crédito, los subsidios a la gente directamente”, mediante créditos, dinero en seguros para desempleo y la entrega de más de 175 mil despensas.


Edición: Gina Fierro


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