SSP entidad con mayor número de hechos violatorios: titular de la Codhey

Graciela H. Ortiz
Foto: Marco Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 26 de febrero, 2020

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue la entidad que mayor número de hechos violatorios registró, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, recibiendo 11 recomendaciones, según informó este miércoles el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, durante su Informe Anual de Actividades ante la LXII Legislatura del Congreso del Estado.

Se registraron un total de mil 508 hechos violatorios de derechos humanos, por parte de 68 autoridades, agrupadas en 55 voces violatorias, tales como: prestación indebida del servicio público; detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; allanamiento de morada; trato cruel, inhumano o degradante; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad; violación a los derechos del niño y retención ilegal.

Otras autoridades señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos fueron: el Ayuntamiento de Kanasín; la Secretaría de Educación del Estado (SEP); la Fiscalía General del Estado; la Secretaría de Salud (SSY) y los ayuntamientos de Mérida, Progreso, Motul, Muna y Umán.

Se emitieron 32 recomendaciones dirigidas a un total de 24 autoridades diferentes. A la SSP le siguió la Fiscalía General del Estado, con siete; el presidente Municipal de Tekax, 2; y los ayuntamientos de Panabá y Dzilam González, con dos cada uno.

La Codhey recibió, además, un total de 446 quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, es decir un promedio de 38 quejas por mes en las diversas Visitadurías de Mérida, así como en las oficinas delegacionales que funcionan en los municipios de Valladolid y Tekax.

“Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en medios de comunicación, iniciamos de oficio 27 expedientes”, abundó.

En total, durante el año 2019, la Codhey recibió un total de cuatro mil 294 Solicitudes de Intervención, un promedio de casi 12 solicitudes de servicio diarias, superando en más del 20 por ciento, las tres mil 566 Solicitudes de Intervención del año 2018.

“Realizamos 12 mil 709 diligencias a efecto de notificar oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de hechos señalados como presuntas violaciones a derechos humanos, más del 30 por ciento con relación al año 2018, en el que se verificaron nueve mil 445 diligencias”, puntualizó.

En este período, dentro de los procedimientos de quejas, se dictaron 196 medidas cautelares a un total de 34 autoridades, de las cuales 149 fueron aceptadas, es decir, el 76 por ciento. “Insistimos que la medida cautelar, es el recurso previsto en ley, para prevenir violaciones o restaurar a las personas la inmediata vigencia de sus derechos, por lo que exhortamos a todas las autoridades a cumplirlas en todos sus términos”, recalcó.

Expresó, además, que se realizaron 228 diligencias con relación al “Incidente de presentación de personas” para la búsqueda y localización de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente.

“Ante evidencias encontradas en el desarrollo de nuestras investigaciones, interpusimos ante la Fiscalía General del Estado 10 denuncias por actos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posiblemente hechos delictuosos”, informó.

[b]Otras acciones[/b]

Entre otras acciones, participaron como observadores en más de 10 marchas y manifestaciones ciudadanas, así como en los procesos de consultas previas y ciudadanas, verificadas a los pueblos y comunidades mayas en relación a la construcción de parques fotovoltaicos y del proyecto del tren maya.

A través de la figura de conciliación o con motivo de una recomendación se sancionó a 239 servidores públicos estatales y municipales que, dependiendo de la gravedad de la violación cometida, desde una amonestación, arresto, suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la baja definitiva del cargo. Éste número es superior al registrado en 2018, que fue de 214 servidores.

“Nos permitimos reiterar nuestro llamado a todas las autoridades públicas del Estado y de los municipios de Yucatán, para continuar sumando esfuerzos, y así posicionar a los derechos humanos como parte estructural del gobierno”, concluyó.