Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Martes 21 de enero, 2020
El periodista Eduardo Lliteras Sentíes fue demandado por la inmobiliaria Abba. La empresa lo acusa de ser líder de los pobladores que se manifiestan en su contra en la comisaría meridana de Santa Gertrudis Copó. Al respecto, el reportero afirmó que tales acusaciones son falsas y son un intento de censura a su trabajo periodístico.
"Para mí, es un acto de censura por parte de la empresa, una intimidación; me parece muy grave que ocurra esto en Yucatán, utilizando al Ministerio Público", comentó.
Lliteras ha documentado cómo vecinos de esa comisaría Copó han expulsado en varias ocasiones a los trabajadores de inmobiliaria Abba del casco de la hacienda, pues los pobladores están en contra de los proyectos de la empresa y expresan que ésta se apodera ilegalmente de terrenos de la comunidad, pero el reportero descartó ser líder de la población, pues sólo acude para realizar su trabajo informativo.
De acuerdo con el comunicador, un elemento de la Policía Estatal Investigadora acudió a su domicilio el pasado domingo para indicarle que había una denuncia en su contra. El sujeto le leyó el documento, pero no le entregó una copia.
"Me dijo que me están acusando de que soy el líder de la revuelta contra la inmobiliaria Abba en Santa Gertrudis Copó"; relató, además de que se le acusó de haber arrojado piedras e ingresado al predio en disputa.
Detalló que la denuncia, con el número de expediente P3/897/2019, está a nombre de Carlos Antonio Díaz Chan. Sin embargo, dijo desconocer quién sea esta persona. "No lo conozco, debe ser alguien que maicearon para que me acusaran"; expresó.
"Soy periodista, a esto me dedico, y ahora resulta que me acusan por cubrir una manifestación", manifestó,
Asimismo, indicó que la empresa ha demandando también a los habitantes del poblado, incluso a la misma comisaria, en tres ocasiones.
Por ahora, Lliteras Sentíes espera que le llegue una notificación para ir a declarar y aclarar la situación.
Horas antes, el fiscal había desestimado la versión de una desaparición forzada
La Jornada
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