Tren Maya dañaría acuífero de Yucatán: expertos

Agrupaciones enviaron carta a servidores públicos sobre los impactos del proyecto
Foto: Fernando Eloy

Agrupaciones civiles señalan que existen severos riesgos al acuífero de Yucatán ante el proyecto Tren Maya; así como inconsistencia en los datos de análisis, aunado a una deficiencia en el tratamiento de aguas residuales en Mérida.  

Este martes 6 de abril, varias organizaciones locales, especialistas y ciudadanos, enviaron una carta a autoridades federales y estatales sobre los impactos del proyecto Tren Maya al acuífero de Yucatán y en particular a la ciudad de Mérida.

De acuerdo con Articulación Yucatán, durante diversos eventos públicos en 2019 y 2020, dicha agrupación -junto con varios expertos de distintas áreas- ha señalado su preocupación por la deficiencia en el análisis de los impactos sociales y ambientales de esta obra en la península de Yucatán.  

Estas denuncias, subrayaron, incluyen el riesgo que corren los sistemas geohidrológicos kársticos de una región caracterizada por su fragilidad y por el compromiso de su acuífero subterráneo, con graves problemas de sobrexplotación y contaminación en la zona metropolitana más poblada de la región, que comprende los municipios de Mérida, Umán, Kanasín y Conkal, con más de un millón de habitantes, de acuerdo con los datos del Censo 2020 del Inegi.

En la carta, firmada por Articulación Yucatán, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal Indignación, KANAN Derechos Humanos, entre otros, expusieron que datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) evidencian que el estado de Yucatán “adolece de insuficiente alcantarillado y de capacidad para tratar sus aguas residuales, lo que se traduce en un estado de continua contaminación del manto freático peninsular.”  

Esto, indicaron, ha sido señalado durante 2020, tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para la Fase 1 del proyecto; así como en los foros organizados por el Instituto Municipal de Planificación de Mérida (Implan). “En estos foros se identificaron y denunciaron serias incongruencias sobre los datos de la capacidad municipal de procesamiento de agua residual y la continuación de las actividades de planificación municipal con diferentes escenarios del Tren Maya”, manifestaron.  

No obstante, advirtieron que esta inconsistencia en los datos no ha sido identificada ni abordada por IDOM Urbanística, ni por ONU-Habitat, ni por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ni por el Implan.  

“Esta cadena de responsabilidades ilustra perfectamente la falta de participación efectiva de las autoridades locales, municipales y estatales, en el proceso de toma de decisiones sobre un proyecto que impacta profundamente a la región. Asimismo, se evidencia la ausencia de expertos sobre el karst y el acuífero de Yucatán, lo que denota un problema grave en el proceso de planeación y ejecución de este importante proyecto federal”, subrayaron.  

A su vez, también señalaron que la Reserva Municipal Cuxtal, declarada como una zona sujeta a conservación ecológica, fundamental para la recarga del acuífero y diversos servicios ambientales a la ciudad de Mérida, está amenazada por el Tren Maya. Además, este territorio es habitado por población maya que no ejerció su derecho a la libre determinación, añadieron.  

A pesar de las numerosas denuncias que se han hecho de manera pública y continua sobre esta problemática, expresaron que las autoridades responsables no han dado respuestas concretas y, al contrario, se han encargado de evadir sus responsabilidades y de minimizar o desprestigiar a los denunciantes, avanzando en sus planes y obras alrededor de esta magna obra.

Es en este sentido, los firmantes de la carta solicitan una audiencia pública, donde se construya el futuro de la región a través del debate, garantizando el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales  tal y como lo estipula el Acuerdo de Escazú, ratificado por el gobierno de México en enero de 2021.

 

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Edición: Laura Espejo


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