Este viernes el Pleno aprobó el incremento hasta 65 años en penas para feminicidas y se añadieron otras para evitar que servidores públicos entorpezcan las investigaciones por feminicidio; así como la no prescripción de delitos sexuales en contra de menores en Yucatán.
La diputada Milagros Romero Bastarrachea, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado, fue contundente al decir que “no queremos únicamente más castigos, ni más feminicidas en la cárcel, sino que queremos permanecer vivas”.
Visibiliza que hablar sobre feminicidio, “es hacer mención al acto más cobarde en el que se le puede violentar a una mujer” y, sin embargo, en el 2020 se cuadruplicaron los feminicidios en comparación con el 2019, cerró con 11 femicidios.
Además, hasta abril de este año, ya se habían reportado cuatro feminicidios en Yucatán, dos en la ciudad capital, uno en Acanceh y uno en Umán, denuncia la diputada.
Sobre estas evidencias sustenta el incremento de la pena por el delito hasta 65 años, “es de suma importancia para castigar de manera justa y responsable a toda persona que cometa este ilícito, ya que la vida de cualquier ser humano y por ende de una mujer, debe ser respetado ante cualquier circunstancia.
Con la reciente aprobación, también se estipula hacia todo delincuente por abuso sexual en contra de infantes menores de 15 años o quien no comprenda lo que se le está haciendo y no se pueda defender, la pena mínima será de 10 años de prisión y la máxima de 18 y desde 400 hasta 2 mil 500 días de multa.
Además, si los servidores públicos retrasan o entorpecen la procuración y administración de justicia, sea por negligencia o mal intencionadamente, serán acredores a mínimo tres años de cárcel y máximo ocho y multas de 500 a mil 500 días; también serán destituidos entre seis y 10 años de sus cargos.
La diputada Janice Escobedo Salazar amplió su panorama explicando: “la tipificación del feminicidio y la consideración de agravantes de este delito, además de visibilizar la forma extrema de violencia contra las mujeres, permite garantizar un seguimiento adecuado y especializado que pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar esta problemática, sin embargo, a la par se requiere de una efectiva administración y procuración de la justicia”.
Y, desde tribuna, llamó a todas las autoridades a poner en práctica la perspectiva de género en su labor, programas y políticas públicas; en particular, en las fiscalías generales.
Por medio de este dictamen, contemplan, en caso de considerarse razones de género en la comisión de los delitos, se tomará en cuenta las lesiones o mutilaciones de la víctima; al igual, si ejecutaran violencia física o psicológica, la violencia podría aumentar hasta el doble.
También consideran nuevas atenuantes en razón de género con respecto al feminicidio, tales como: violencia comunitaria o política. Y también serán consideradas la familiar, laboral, escolar, económica, patrimonial y psicológica cometidas por el delincuente.
Se incrementará si se tiene parentesco por consanguinidad, afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza, o de alguna otra que evidencie desigualdad o abuso de poder entre el agresor y la víctima.
En cuanto al dictamen que aprobó la no prescripción de delitos sexuales quiere decir que “si un menor es abusado sexualmente en su infancia, podrá denunciarlo aún en su vida adulta, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde que se cometió el delito”.
Datos que sustentaron las y los diputados
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México, al menos seis de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia; 41.3 por ciento de las féminas ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida, y hay nueve mujeres son asesinadas cada día.
Cifras que siguen en ascenso, pues tan solo en los primeros cinco meses de este año, los feminicidios se han incrementado un 7.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
La Red por los Derechos de la Infancia, aseguró que de enero a junio de 2020 hubo un incremento del 157 por ciento de las denuncias ciudadanas por pornografía infantil, en comparación con el mismo período de 2019 en el país; y un incremento del 27.7 po ciento en el caso del delito de trata de menores.
La misma Red explicó en uno de sus informes, que entre enero y octubre de 2020 hubo 93 feminicidios de niñas, lo cual representa un 17.7 por ciento respecto al mismo período de 2019.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un incremento de los casos denunciados de corrupción de menores en la entidad al pasar de cinco incidentes registrados durante todo el 2020, a seis en lo que va del año.
Durante el 2020, fueron denunciados 94 casos de abuso sexual ante el Ministerio Público, para lo cual el 65 por ciento fue contra de menores, 57 por ciento niñas y el 8 por ciento niños, la mayoría de estos hechos se presentaron con violencia.
A pesar de ello, en Yucatán se denuncia menos del 5 por ciento de los abusos sexuales infantiles y señalan que con la actual situación de la pandemia ese porcentaje se ve mermado
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Además, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres del 2018, expuestos por el Observatorio Ciudadano Nacional de la Violencia, Yucatán está por encima de la media nacional en cuanto a abuso sexual infantil.
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Edición: Estefanía Cardeña
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