Lotes de inversión, nueva forma de engaño en Yucatán: analistas

Los lotes de inversión son una nueva forma de fraude en Yucatán. Diversas empresas y desarrollos inmobiliarios ofrecen “atractivos” terrenos a precios accesibles, a tan sólo unos minutos de la playa o que contarán, en un futuro incierto, con grandes beneficios y servicios. Sin embargo las personas, en su mayoría de otras partes del país o del extranjero, están “comprando a ciegas”, indicaron analistas en desarrollo urbano y activistas. 

De acuerdo con los especialistas, muchos de estos lotes son terrenos que no cuentan con un marco legal, son tierras ejidales, existen conflictos entre las comunidades, además de que están prácticamente en medio de la nada, donde muy difícilmente se doten de servicios públicos básicos; todo esto ante la complacencia de las autoridades municipales y estatales que otorgan los permisos de uso de suelo y otros para que se implementen.

Actualmente es común observar letreros de venta de lotes y terrenos de inversión en la periferia de Mérida o cercanos a diferentes municipios, usando muchas veces nombres en maya; incluso hay quienes han optado por ser “asesores inmobiliarios” para ofrecer este tipo de inversiones, y venderlos a través de las redes sociales, aprovechando el número de seguidores que tienen en sus cuentas.

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Estamos ante una “burbuja inmobiliaria” que podría estallar en cualquier momento, afectando a muchas personas, y economías, advirtieron.

Eduardo Monsreal Toraya, integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, indicó que existe un problema en la regulación de los usos de suelo, empezando en cómo se expiden las licencias respectivas. Muchos de estos desarrollos se ubican lejos de la capital yucateca, y existe una enorme flexibilidad por parte de las autoridades de cada municipio donde se instalan.

La mayoría de los municipios, precisó, carecen de instrumentos de planeación urbana, la única referencia que se tiene a nivel estatal es el Programa de Reordenamiento Ecológico Territorial; sin embargo sólo abarca algunas zonas. Entonces, en muchos casos se permite la factibilidad de que se construyan estos desarrollos inmobiliarios.

No obstante, el especialista en movilidad señaló que este criterio que se maneja en la factibilidad urbanoambiental no es adecuado, “no son las óptimas”. Esto es tan solo el inicio de una serie de problemas, indicó.

Si bien enfatizó que según las normas municipales, estos proyectos son susceptibles para asentamientos urbanos, esto no significa que sean aptos para urbanizar, pues necesitan pasar por una serie de procedimientos: factibilidad de servicios públicos, electricidad, agua, cosa que en la mayoría de los casos no se cumple, afirmó. 

En su experiencia, la mayoría de los casos se trata de una subdivisión de lotes, división de orden catastral, no obstante cuentan con proyectos de urbanización. “Tiene que ver mucho los municipios, quienes a su consideración determinan si es o no susceptible para urbanizar”, detalló.

Pero gran parte de los municipios carece de instrumentos de planeación, ni cuenta con programas de desarrollo urbano, o éstos son obsoletos, agregó el especialista.

Además, señaló que muchos de estos terrenos no han pasado por un procedimiento jurídico completo, están todavía en proceso de cambio de propietario, por ejemplo; sin embargo aun teniendo los documentos en regla, desde un punto de vista urbanístico no cuenta con los servicios básicos, están alejados de los centros de población. “Como no hay instrumentos que regulen el territorio, es como una especia de positiva ficta, sí se puede porque no hay ninguna restricción”, comentó.

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Compra a ciegas

Monsreal Toraya indicó que hace falta transparencia, pues no existe una base de datos para saber si estos desarrollos cuentan o no con los permisos, entonces quien compra un terreno, mayormente personas de fuera del estado, lo hace sin información. “Compran terrenos a ciegas, les prometen muchas cosas, se aprovechan de la ignorancia de la gente, usuarios que no están debidamente informados ante esta situación”, expresó.

Sumado a esto, existe una ausencia del gobierno estatal, y omisión de los municipios, los cuales tienen la capacidad técnica para evaluar este tipo de desarrollos. Desde su punto de vista, debe haber una participación del Estado para regular este tema, sin interponerse en las facultades municipales, establecer ciertos candados a través de las leyes estatales, y así condicionar la autorización de estos proyectos.

A su vez, crear una plataforma de transparencia que albergue este tipo de desarrollos, y otros, que señale cuáles tienen conflictos o en qué zonas están, si cuentan con tales servicios y de esta manera el cliente pueda comparar. 

Burbuja inmobiliaria

Kalycho Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, indicó que en Yucatán estamos en una “burbuja inmobiliaria”, existen signos de alarma que así lo señalan: el aumento de precio de la tierra, la venta y reventa de terrenos, la expansión de los desarrollos y los lotes de inversión, entre otros signos. 

Escoffié, quien también es activista en defensa de los derechos humanos, señala que esto ha generado varios impactos sociales, ambientales y urbanísticos, lo que ha deformado el crecimiento de las ciudades; mientras el gobiernos estatal y municipal, en lugar dirigir las políticas urbana y planeación, se han convertido en gestores que facilitan a los desarrollos inmobiliarios implementar sus proyectos; estos a su vez deciden, con base en la especulación, hacia dónde deben crearse las ciudades.

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Edición: Laura Espejo