Ilegales, votaciones secretas en Yucatán sobre matrimonio igualitario: SCJN

Por unanimidad de cinco votos, este 18 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó los dos amparos interpuestos en contra del Congreso de Yucatán por rechazar el matrimonio igualitario. 

Esto significa que la SCJN revocó la sentencia emitida por el Congreso del Estado de Yucatán sobre el matrimonio igualitario 2019 y tendrá que repetir la votación. 

Las y los ministros discutieron los amparos 272021 y 413/2020, donde se determinó que la SCJN ampara y protege a los demandantes. 

Con esto, se confirma que el “Congreso de Yucatán violó los derechos de la población LGBTTTI por votar de forma secreta el matrimonio igualitario en 2019”, expresó la abogada Karla Escoffié, en sus redes sociales. 

El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa (Unasse), promovieron estos dos amparos, donde resaltaron la ilegalidad del método de votación secreta, dado que este era inconstitucional por violar los derechos a la transparencia activa y participación política en asuntos públicos.

Luego de que se pospusiera en varias ocasiones, este miércoles por fin la SCJN discutió estos recursos, que se turnaron a las ponencias de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz. 

Ambas sentencias, de acuerdo con las agrupaciones, señalan que “la imposición de una votación por cédulas secretas… con el objetivo de permitir el matrimonio igualitario en la entidad transgredió claramente los principios de legalidad y seguridad jurídicas, por contravenir la legislación orgánica y reglamentaria del propio Congreso del Estado de Yucatán, generándose a su vez una violación a los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado de las y los quejosos”.

Además, con esta resolución indicaron que se exhibe el actuar antidemocrático de la actual legislatura y garantizan los derechos políticos y de libertad de expresión de la ciudadanía yucateca, pero además resultan en un precedente importante que resalta la obligación de los congresos del país de legislar bajo parámetros democráticos y de transparencia.

Una victoria para la sociedad yucateca 

Escoffié, asesora jurídica de las organizaciones, destacó que esto es una victoria para la sociedad yucateca, además que marca un precedente y evidencia el actuar “vergonzoso” de las y los legisladores locales. 

“Este caso demuestra que esta legislatura se caracterizó por las vergüenzas, nos mostraron el nivel de vergüenza a la que pueden llegar por satisfacer a unos grupos en contra del matrimonio igualitario, accedieron a votar de manera secreta”, sentenció. 

De acuerdo con la activista, no había ocurrido en la historia del país, que la SCJN invalide la votación de un congreso. “Es una verdadera vergüenza”, reiteró. 

La votación secreta del Congreso local, explicó, fue ilegal e inconstitucional, y se violaron derechos humanos, dejarla así era darle un “cheque en blanco” para que otro asunto se pudiera votar de esta manera, sin rendir cuentas a la ciudadanía. 

“El Congreso de Yucatán violó la prosa legislación que le rige y determina sus facultades, fue un atropello bastante notorio, tan es así que la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de manera unánime”, manifestó. 

Buscarán que esto no quede impune 

Asimismo, dijo que esto deja un precedente a nivel nacional de que estas cosas no se pueden hacer; aunado a que se abre la puerta a que se puedan deslindar responsabilidades contra diputados, como la inhabilitación de cargos públicos. 

En concreto, señaló a Enrique Castillo Ruz, quien era el presidente de la mesa directiva del Congreso, pues él impuso la votación secreta. “Debe tener una responsabilidad por lo que hizo, se saltó de manera deliberada la legislación del propio congreso que le rige: se extralimitó en sus funciones, en contra de la ciudadanía, a pesar de que diputadas le hicieron recordar que era ilegal lo que estaba haciendo”, expresó.  

Entonces detalló que junto a las agrupaciones civiles evaluarán las acciones jurídicas para proceder y así buscar que esto no quede impune; cuando menos debe tener una sanción administrativa, que lo inhabilite de ocupar cargos públicos. 

Votación abierta

La abogada indicó que ahora las y los legisladores tienen que volver a votar el tema de manera abierta, no secreta, lo que abre la puerta a que por fin se apruebe el matrimonio igualitario en Yucatán. Aunque el Congreso está buscando aprobarlo y que no sea la Suprema Corte quien se los ordene. 

“Ya no se pueden ocultar, hay diputados y diputadas que mintieron de manera deliberada, ahora van atener que emitir un voto abierto”, expresó.

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Edición: Laura Espejo