Vivienda digna, un derecho humano que debe ser garantizado: Escoffié Duarte

La perspectiva que debe prevalecer en el país es que la vivienda digna tiene que verse como un derecho humano garantizado, manifestó Carla Luisa Escoffié Duarte. 

Para la escritora, una vivienda digna es más que acceder a una propiedad a través de créditos públicos y privados, es un espacio de convivencia, donde las personas puedan desarrollar su forma de vida; además, es un refugio para mujeres en situación de violencia o de viviendas temporales en caso de desastres naturales. Y señala que este derecho que no ha ido asegurando. 

“Todas las personas tenemos derecho a una vivienda, pero esto no significa tener simplemente una propiedad, sino a tener los medios para poder habitar en algún lugar y así generar proyectos de vida, espacio para la intimidad, la vida familiar”, expuso. 

Sin embargo, muchos actores han querido enfocar a la vivienda entendida como un derecho a la propiedad y prestación social, que es los que conviene a sus intereses, añadió.

“No es de a gratis que por 40 años el Estado mexicano se haya centrado a otorgar sólo créditos para acceder a viviendas. Deberíamos preguntarnos a quién le conviene esta política de vivienda”, subrayó. 

Estas reflexiones están plasmadas en su reciente libro El derecho a la vivienda en México. Derechos homónimos, el cual se puede obtener de manera física a través de la Editorial Tirant, Gandhi y Amazon. 

De acuerdo con la también directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, su obra aborda el tema del derecho a la vivienda y las problemáticas que hay para acceder a este derecho y hacerlo cumplir; todo a partir de una confusión conceptual que existe. 

Escoffié Duarte expuso que en México hay tres derechos totalmente distintos que de manera indiscriminada hemos llamado “derecho a la vivienda”, pero que significan cosas distancias.

Para la escritora, ha prevalecido una visión laboralista en torno a la vivienda, como un derecho exclusivo de las personas trabajadoras que forman parte de la economía formal y que pueden acceder a una casa a través de créditos públicos o privados, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 

Sin embargo, hizo hincapié en que esto sólo alimenta la idea: “para tener derecho  a la vivienda  tienes que ser una persona trabajadora en la economía formal, que esté inscrita en la Infonavit, que tengas el sueldo y la antigüedad suficiente como para acceder un crédito”. 

Por otro lado, está la vivienda como un mero asunto de propiedad, es decir, que sólo el derecho a la propiedad en su forma inmobiliaria y, por lo tanto, no implica ningún tipo de obligación para el Estado, nada más es un derecho acumulativo que incluye la protección que nadie te quite lo que has conseguido. 

“Quien tiene derecho a la vivienda, es quien puede pagarla, en la medida que has acumulado propiedades tienes derecho a que nadie te la quite de manera ilegal”, manifestó. 

La tercera perspectiva es el derecho a la vivienda como un derecho humano, el cual señala que debe garantizarse, y va desde la adquisición de una casa en propiedad, vivienda en arrendamiento, cooperativas de vivienda, protección para una familia en una casa prestada, incluso la posibilidad de acceder a viviendas temporales en caso de emergencia, desastre naturales, refugios para mujeres víctimas de violencia. 

En los últimos 40 años, precisó, el país ha entendido este derecho humano desde el punto de vista laboralista; es decir, la única forma para garantizar una vivienda es facilitando y otorgando créditos. Si bien, precisó, es un mecanismo importante, no debe ser la única opción, ya que esto desplaza a otras poblaciones. 

“Hay muchas personas en la economía informal que no pueden acceder a esos créditos ni de banca privada”, expresó. 

Aunado a esto, agregó, está gran parte de la población joven, que no tiene prestaciones, ni seguro social, y no cuenta con los recursos para adquirir una propiedad; por ende, no accede a estos créditos y tienen que ver olvidado a rentar casas para vivir.

¿Qué se debe hacer para garantizar un a vivienda digna? 

Escoffié Duarte propone en su libro que debe haber una política de vivienda diversificada, que atienda distintas modalidades y opciones de acceso a una casa. No se trata de “satanizar los créditos”, sino que el problema es que ha sido la única protagonista de las políticas de vivienda, añadió.

Asimismo, precisó, fortalecer la legislación de cooperativas de vivienda y promover sus usos y diseños, (grupo de personas que comparten la necesidad de una vivienda, se unen en una cooperativa con el objetivo de conseguirla al menor precio posible y con las mejores calidades). 

También, agregó, la adecuación de la legislación en materia de arrendamiento para que haya relaciones más equilibradas y justas entre arrendatarios y arrendadores; además, fortalecer los programas de subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tanto para ampliación, adquisición y remodelación de las casas. 

Incluso, añadió, una política de producción y gestión social del hábitat, para que toda la autoproducción de casa que exista pueda tener la asistencia técnica del gobierno y así, las personas puedan tener mejores resultados en sus construcciones y que se adecuen a las estándares internacionales. 

A su vez, subrayó, debe haber mejores políticas de refugios temporales para mujeres víctimas de violencia y para la población LGBTTTI.

¿Qué pasaría  si no  se toma en cuenta esta diversificación en la vivienda?

La abogada advirtió que el país está en un “punto de quiebre”, sobre todo en varias ciudades, donde este sistema centrado en créditos no está funcionando y debe ser diversificado, de lo contrario, advirtió una degradación de las ciudades. 

Dijo que cada vez aumenta más la población que no puede adquirir una vivienda propia, son más las personas que rentan, incrementan los desalojos forzosos, degradación urbana, especulación inmobiliaria, despojo a las comunidades mayas (como pasa en Mérida), entre otras problemáticas, finalizó.

Edición: Estefanía Cardeña