El gobernador Mauricio Vila envió una iniciativa de reforma a Ley del Poder Judicial estatal para eliminar la pensión que reciben los magistrados retirados y para realizar una serie de cambios enfocados a modernizar el servicio.
El proyecto, entregado en la sede del Poder Legislativo, contempla modificaciones a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán con el objetivo de agilizar los trámites y de avanzar en la lucha contra la corrupción, informó el gobierno del estado en un comunicado.
“Esta reforma plantea reducir los altos costos que representan para este órgano el pago de pensiones vitalicias a los magistrados, por lo que se propone que ahora solo tendrán un pago único durante el año posterior a su retiro. La reducción de la pensión a un año es el equivalente al año que, por ley, al terminar su encargo no puede litigar, ni dedicarse a las actividades como especialista en Derecho”, explica el comunicado.
Actualmente, los magistrados retirados reciben durante dos años el mismo salario que tenían cuando estaban en funciones y a partir del tercer año reciben 80 por ciento de este monto.
Este gasto representa alrededor de 1.6 millones de pesos al año por cada magistrado, sin tomar en cuenta aguinaldos, primas vacacionales y otras prestaciones.
De acuerdo con el comunicado, esta pensión puede extenderse hasta 24 años después de que el magistrado culmina su encargo, por ello, la propuesta es que los magistrados reciban un pago único el año posterior a su retiro.
Además, la iniciativa del gobernador plantea aumentar el número de magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado para agilizar las resoluciones de las áreas familiar, civil y laboral.
De igual forma, el Ejecutivo estatal propone que sean tres los magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, que actualmente cuenta con una sola persona a cargo de dar resoluciones.
Respecto a la figura de ratificación, la propuesta es que los magistrados tengan 15 años en el cargo, en lugar de los seis años con más nueve de la ratificación. Esto quiere decir que se eliminaría la posibilidad de ratificación y cada impartidor de justicia tendría un periodo ininterrumpido de 15 años en el cargo.
“También se contempla la reforma para especificar que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no podrá ser reelecto para un período inmediato, con lo que se dará cumplimiento al principio de la paridad de género”, señala el comunicado.
Otra de las modificaciones contempladas es el establecimiento de 70 años como un plazo máximo para ocupar el cargo de magistrado del TSJE, con lo que desaparecería la figura vitalicia del cargo.
El gobierno estatal aseguró que, de aprobarse esta reforma, se reducirán gastos innecesarios y se logrará la ampliación de los servicios de justicia.
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