Con información de Cecilia Abreu
El Congreso del Estado aprobó el jueves la reforma al Poder Judicial del Estado, enviada por el gobernador Mauricio Vila Dosal; marca una reconfiguración del organismo al incrementar de 11 a 15 el número de magistrados quienes permanecerán en el cargo 15 años; el incremento de juzgados de primera instancia; en tanto que el Poder Judicial se convierte en el primero del país en tener facultad de enviar su proyecto de presupuesto directamente al Congreso del Estado sin necesidad de presentarlo primero al Poder Ejecutivo.
Los actuales 10 magistrados del Poder Judicial podrán optar por el retiro anticipado en un plazo máximo de 60 días a partir de la entrada en vigor del acuerdo.
La iniciativa fue aprobada tras un debate en lo general con 19 votos de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza; y 6 votos en contra de Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Hugo Lozano Poveda, afirmó que “esta reforma cambiará la forma en la que se imparte justicia en Yucatán, nos llena de motivación pero también de un gran compromiso, porque ha quedado demostrado en el Poder Legislativo que sabemos ponernos de acuerdo”.
Remarcó que el dictamen aprobado contiene un cúmulo de propuestas sumadas al producto final que provinieron de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, incluso de quienes votaron en contra e hicieron propuestas que fueron aceptadas.
La diputada por el PRI, Fabiola Loeza Novelo, quien es empleada con licencia del Poder Judicial, con una antigüedad de nueve años, declaró que el compromiso es con los trabajadores del Poder Judicial: “Votamos por la autonomía del Poder Judicial, por crear juzgados de primera instancias, por dignificar a los trabajadores y sus salarios, por un sistema de promoción más justo, ese es el sentido de nuestro voto, votamos a favor del dictamen”.
Postura de la oposición
Las fracciones de Movimiento Ciudadano y Morena manifestaron de forma reiterada su inconformidad con esta propuesta, pues aseguraron que es una búsqueda del Ejecutivo por tener el control del Poder Judicial de Yucatán.
Ambos partidos presentaron por separado nueve propuestas de modificaciones al dictamen que fueron rechazadas por mayoría.
La diputada por MC, Vida Gómez Herrera, presentó cuatro propuestas de modificación para garantizar, entre otras cosas, el incremento de juzgados de primera instancia, y el aumento presupuestal al Poder Judicial, las cuales fueron rechazadas por los diputados del PAN, PVEM, PRI y Nueva Alianza, y el voto a favor de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano.
Desde su visión, “lo que en realidad se necesita para acercar la justicia a la población y acabar con el rezago en el Poder Judicial es la apertura de más juzgados de primera instancia. En esto coinciden tanto el propio Poder Judicial como los especialistas y profesionales del derecho”, lo cual consideraba dentro de sus propuestas que fueron negadas por mayoría, tales como: nombrar a magistradas y magistrados por mayoría calificada; eliminar criterios discriminatorios en el nombramiento, no limitar a 2 por ciento el presupuesto del Poder Judicial, sino que ese sea el mínimo como, hasta hoy, establecía la Constitución
El diputado por Morena, Rafael Echazarreta Torres presentó tres propuestas de modificación al dictamen respecto del presupuesto para la reforma y derechos de actuales magistrados; también fueron rechazadas por mayoría.
Modernización
Mediante un comunicado, el gobierno del estado celebró que “el Poder Judicial de Yucatán se moderniza después de casi 30 años con amplia mayoría y consenso”.
Con las reformas aprobadas, se agilizarán los trámites en los juzgados, se fortalecerá la independencia y autonomía de este órgano, además de que se reducirán los tiempos de espera para los ciudadanos y se eliminan privilegios, pensiones de los magistrados, así como sueldos exorbitantes que le costaban al erario estatal.
Asimismo, se mejorará el funcionamiento del Poder Judicial, ya que los magistrados integrantes al Tribunal Superior de Justicia deberán retirarse al alcanzar los 70 años de edad o 30 años de servicio al estado.
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