Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad De Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), indicó que en Yucatán se debe impedir retrocesos en materia de aborto y, además, abrir más posibilidades para que las mujeres puedan acceder a este derecho.
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció, por primera vez, a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
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La Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciera abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.
Ante los retrocesos que se están dando en países como Estados Unidos, la abogada recalcó que en el estado hay que impedir que esto se replique y, además, ir abriendo más posibilidades para las mujeres.
El precedente de la SCJN ayuda a que esto se pueda lograr, pues ya no se considera un delito, por lo que las mujeres deben tener acceso a éste, señaló.
Dijo que gracias al programa de Aborto Legal y Seguro del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se brinda este servicio.
En materia legislativa, recordó que en diciembre del año pasado se presentó una incitativa ante el congreso local para despenalizar el aborto en Yucatán, pero a la fecha no se ha movido.
No obstante, a través de UNASSE, realizan estrategias jurídicas para que empiecen a ver pronunciamientos de jueces federales sobre la normativa estatal. El pasado 24 de febrero, una Jueza Federal concedió el amparo contra la regulación del delito de aborto en el Código Penal de Yucatán y contra la cláusula de protección a la Vida, establecida en la Constitución estatal.
Determinando que los artículos relacionados con el delito del aborto en el Código Penal del estado son inconstitucionales y representan un obstáculo para el ejercicio de derechos de las mujeres.
“Estamos generando las opiniones jurídicas para que sirva para la incidencia social, que la ciudadanía entienda que no es un delito el solicitar un servicio de aborto y que no se criminalice la decisión de las mujeres y del personal sanitario que las apoya”, manifestó.
Además, agregó, se busca que se impulse los cambios legislativos.
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