Este viernes, agrupaciones civiles, activistas y público en general se reunió en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida para realizar una junta informativa respecto al Tren Maya, con el fin de que la ciudadanía conozca los procesos jurídicos e impactos al medio ambiente que existen en torno a este proyecto.
Durante la concentración pacífica con fines informativos, los asistentes colocaron un tendedero en el parque con información relativa al proyecto donde externaron su rechazo.
En algunos carteles se podía leer: “porque no al plan de reordenamiento territorial del mal llamado Tren Maya. En las asambleas informativas participaron 4 mil 869 personas, en las asambleas consultivas participaron 5 mil 436 personas”.
“Esta tendencia a fortalecer el modelo de crecimiento turístico va a provocar una imparable operación de especulación inmobiliaria que no solamente va a estimular un proceso agresivo de apropiación de terrenos, despojo y desplazamiento de pobladores; sino también de fuentes de agua que serían codiciadas por los centros turísticos e industria ganadera u agroindustria”, se leía en otro cartel.
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Miguel Anguas, miembro Kanan Derechos Humanos, expresó que actualmente existen más de 35 demandas de amparo en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, las cuales cuestionan diversos aspectos del tren, el cual, según expuso, no ofrece información completa, ni científica sobre los impactos negativos que tendrá su recorrido.
“Se ha vendido como un proyecto de reordenamiento territorial, no es sólo un tren y unas vías, sino que es un proyecto que va a traer industrialización, turistificación masiva, que va ocasionar impactos negativos en las comunidades mayas y el medio ambiente”, manifestó.
Para el activista, los juzgados y tribunales colegiados han tenido un pacto con el Poder Ejecutivo para negar suspensiones y medidas de protección para los pueblos que exigen que se les ofrezca información completa sobre este proyecto, manifestó.
Recordó que el año pasado el gobierno federal aprobó un acuerdo presidencial mediante el cual señala que todos los proyectos serían catalogados como seguridad nacional, esto trae implicaciones graves, pues esto indicó que el gobierno tiene la libertad de reservar toda la información sobre las obras, señaló.
“Este decreto permite la arbitraria imposición del Tren Maya”, indicó.
Aunado a esto, añadió, este decreto permitía a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir permisos provisionales para que pueda operar el tren aún sin estudios de impacto ambiental.
Neftalí Reyes Basoalto, miembro del Partido Comunista de México, indicó que este tren persigue el interés de los capitalistas, “para transportar lo que a los capitalistas les interesa”. Con esto, agregó, van a llegar más empresas extranjeras.
“En todos lados donde el capitalismo llega, destruye las formas ancestrales de vida y esto es lo que está trayendo el Tren Maya… No está al servicio de los pueblos ni de la clase trabajadora”, advirtió.
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