Suicidio feminicida aprobado en Yucatán, tergiversación y simulación legislativa: Escoffié

La diputación local de Yucatán, al igual que en otros estados del país, busca presentar iniciativas para ampliar sanciones por delitos como el “suicidio feminicida”, sin embargo, desde la perspectiva de derechos humanos de la abogada Carla Escoffié Duarte, estas reformas suelen responder a un “populismo penal” y no a beneficios reales para la justicia de la ciudadanía.

“Ese es el caso de este suicidio feminicida”, señaló y lamentó que, aunque ese concepto en realidad exista y sea una problemática, la aprobación a la iniciativa que promovió el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Yucatán, tergiversa a lo que este refiere.

“Apunta, no al tema de que el maltrato lleva al suicidio a la víctima (como plantea el dictamen aprobado), sino que trata de describir el proceso por el cual el feminicida, después de matar a su víctima, se quita la vida […] El concepto (utilizado en Yucatán) tergiversa su significado”.

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Abundó que, además, es muy complejo determinar a partir del suicidio de una mujer, que éste haya sido por la violencia de género que vivió, pues incluso la familia, víctima indirecta tras el fallecimiento de la mujer tendrá que encontrar elementos para comprobar que existió esa causal, “es sumamente complicado y genera una expectativa que el derecho realmente no puede satisfacer con esa facilidad”.

Cuando hay generación de delitos, normas y leyes, resaltó, se crean también expectativas a los sectores están dirigidas y tienen responsabilidad sobre su posibilidad de ser cumplidas.

Visibilizó también que llamar “suicidio feminicida” a que la mujer haya optado por terminar con su vida por la violencia de género, reduce un hecho multifactorial a uno solo, “me parece que es más utilizar el fenómeno del suicidio y el fenómeno del feminicidio, que son dos fenómenos que lastiman mucho a la sociedad yucateca para generar un foco de atención, pero realmente no está atendiendo los problemas”.

Continúa el estigma de que las personas se matan porque estaban tristes, “cuando el fenómeno en sí es mucho más complejo y ha sido menospreciado como un asunto de salud pública” y, cuando la mujer haya fallecido, no podrá haber dictámenes sicológicos para determinar lo ocurrido.

La solución, dijo, no siempre está en el derecho penal; pues actualmente el estado cuenta con una vasta legislación pero no con políticas públicas que impartan acceso a la justicia, en particular, sobre el suicidio. Señaló que la Fiscalía desestima el tema diciendo que no hay ningún delito, por lo cual tampoco cuentan con estadísticas al respecto, información con la que podrían generar esas políticas públicas faltantes.

“Este tipo penal (suicidio feminicida como fue aprobado en Yucatán) le permite a la Fiscalía no profundizar en una investigación y que baste con que haya un signo de maltrato para determinar que ‘por eso se suicidó’”, esto, explicó, ocurrirá incluso en aquellos casos en los que, en realidad, las mujeres fueron víctimas de feminicidio por sus parejas y no de suicidio. “Corre el riesgo de ser utilizado para tapar como suicidio feminicida lo que en realidad fue un feminicidio hecho y derecho”.

El problema de Yucatán, subrayó, no es falta de tipificación de nuevos delitos, sino de acceso a la justicia, esto por falta de presupuesto, capacitación y parámetros en perfiles de fiscalías y Poder Judicial. “Muchos de los problemas que están ocurriendo no están en la cancha del Congreso del Estado, sino en la Fiscalía, el Poder Judicial del Estado de Yucatán y el gobierno del estado de Yucatán”.

Finalmente, destacó que este “mal llamado suicidio feminicida”, también entorpece abordar de forma seria a lo que el concepto en realidad refiere y ocurre en Yucatán: que el agresor acabe con su vida luego de cometer un feminicidio. Incidir en este tema, refirió, debería involucrar una investigación profunda para crear políticas públicas en donde también abarquen la prevención.

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Edición: Estefanía Cardeña