Víctima de agresión pide que su caso sea tipificado como intento de feminicidio

El 27 de marzo de 2020, Ana* fue víctima de una crueldad extrema: su pareja la encadenó y reforzó las ataduras con cinta canela, la cual también usó para cubrir su boca y después procedió a golpearla en todo el cuerpo con el puño cerrado. La mujer recibió patadas, fue azotada con cinco cinturones diferentes y escuchó a su agresor amenazarla de muerte hasta que suplicó por su vida, se comprometió a mentir y le aseguró que diría que las lesiones habían sido a causa de una caída para poder ser trasladada al hospital.  

“No te voy a llevar al hospital porque me vas a dar en la madre, ve cómo estás, estás toda golpeada”, le decía Jorge “N” antes de culminar con la agresión que pudo costarle la vida a Ana.  

“Estaba tirada boca abajo en el cuarto y pasaban y pasaban las horas. Yo ya no podía respirar porque tenía cinta canela en la boca y me estaba poniendo muy mal. Fue cuando se levantó, me pateó y me dijo ‘a ver, ¿sigues viva?’ y yo le supliqué que me llevara al hospital porque yo ya no podía más, pero me decía que no hasta que lo convencí que yo diría que tuve un accidente”, relata la víctima.

A pesar de toda esa brutalidad, en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán desestimaron el feminicidio en grado de tentativa y calificaron los hechos como violencia familiar y lesiones, bajo el argumento de que no se registró una lesión de gravedad.

Durante el año que se ha prolongado el proceso judicial la víctima ha explicado todo el tipo de violencia que sufrió con su pareja: física, sicológica y hasta económica. Sin embargo, las autoridades determinaron que el hombre puede seguir su proceso en libertad, aplicando algunas medidas cautelares, como el uso de un dispositivo electrónico para garantizar que no puede aproximarse a Ana.

El pasado 23 de junio, Ana fue notificada que Jorge “N”, a quien apodan Monstruo, tiene que firmar cada mes en el Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso del Estado. El imputado no puede salir del estado de Yucatán y tiene prohibido acercarse a la víctima o a su familia.

Pero esta protección que le ofrece el Estado no es suficiente para Ana, quien conoce que su agresor tiene al menos tres denuncias por violencia contra las mujeres. 
Además, la amenaza de muerte está latente y teme que en cualquier momento Jorge “N” cumpla su objetivo de matarla.

“¿Qué va a pasar? Dictan sentencia, no le dan prisión y pasan los meses y el día menos pensado me mata, él me amenazó de muerte en más de una ocasión y me decía ‘tú no vas a salir de esta casa y si sales de esta casa va a ser muerta y si sales ándate con cuidado’. Ahora Jorge no puede hacer nada por el brazalete que tiene y las medidas, pero cuando el ya no cuente con eso el tipo me va a matar”, expresa.

El temor incrementa al conocer que, tras una audiencia realizada este 29 de junio, la jueza a cargo de su caso se negó a reclasificar el delito a feminicidio en grado de tentativa y el proceso continuará por violencia familiar y lesiones.

Las esperanzas de encontrar justicia disminuyeron cuando escuchó a la abogada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) que la acompaña y la representa en el proceso, decirle que era momento de darle vuelta a la hoja y seguir con su vida.

“Mi abogada habló con el abogado de mi agresor y después me dijo que aceptara el acuerdo económico, que otorgara el perdón y siguiera con mi vida. Pero de ninguna manera lo haré”, comenta la víctima.  

Y con todo en contra, lo único que Ana tiene claro es que si desiste de su exigencia de justicia, su agresor la buscará y cumplirá su palabra. Por ello, se niega a otorgar el perdón y buscará la vía para que el responsable de los daños físicos y sicológicos de los que ha sido víctima obtenga una sanción adecuada para sus actos.

“Ya pasó más de un año y él sigue libre, ni siquiera se reconoce como un feminicida en grado de tentativa y ha presentado pruebas falsas, pero ha solicitado que se le quite el brazalete de localización. Yo temo que él quiera huir porque a mí ya me había confesado que lo que me hizo ya se lo había hecho a otras mujeres y que en una ocasión huyó de Durango después de agredir a otra mujer”, explica.

Ana se aferra de asociaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para tener la fuerza para sortear el extenso proceso que todavía le falta por enfrentar para evitar convertirse en una víctima mortal.

*Ana es un nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de la víctima. 

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