Motul: Temen 'carpetazo' por denuncia de abuso sexual en contra de funcionario

Denuncian violencia física y abuso sexual de funcionario público en Motul, temen que el caso sea un carpetazo más, pues señalan que esta no es la primera vez que J.G.B.E. comete ilícitos en contra de mujeres.

“Venimos hoy a darle visibilidad al caso”, levantó la voz en rueda de prensa Karol Puc Torres, titular de la Instancia Municipal de la Mujer de Motul.

El pasado 30 de junio, A.R.C.N., estaba sola en su oficina, en su centro de trabajo –comisariado ejidal–, al ver esto J.C.B.E., funcionario público, ingresa al sitio, en donde la empuja contra la pared y comienza a tocarla sin su consentimiento; ella logra escapar y correr hacia la cocina, en donde llamó al 911, situación que provocó la detención del agresor y puesto a disposición del Ministerio Público, explicó los hechos el abogado Edier Josué Pech Farfán.

Desde ese momento,señaló, la víctima acude por la atención jurídica y el proceso legal inicia con la valoración del médico forense, quien constata las lesiones y, de forma particular, consiguen transporte para que en Mérida continuase el procedimiento, ahora con la impresión psicológica forense de la Fiscalía, resultando que requiere terapia por lo ocurrido.

El 1 de julio, continuó, presentaron a las y los testigos, quienes contaron cómo vieron a la víctima después de los hechos; “todo marcha bien hasta allá, se está trabajando una carpeta con detenido”, sin embargo, al día siguiente –sábado 2 de julio–, el agresor ya tenía a tres personas atestiguando: su secretaria, el comisario ejidal y el tesorero.

Viendo la situación, consiguieron un testigo ajeno, quien declaró que todo lo dicho era mentira, pues las personas que atestiguaron no estaban en el lugar de los hechos cuando todo ocurrió, “esos testimonios se caen, ya no tienen valor lo que dicen estas personas a favor del detenido”.

Y, aunque la carpeta vencía a las 18 horas, “de manera extraña, a él lo dejan libre, a pesar de que el delito es grave, tanto en el Código Penal del Estado de Yucatán, el Código de la materia, que es el código nacional, ameritaba prisión preventiva ante un juez de control por el delito de abuso sexual, había datos que se acreditaban”.

Viendo que lo dejaron libre y sin medidas de protección para la víctima, buscaron apoyo con la asociación Violetas del Mayab, pero continúan sin avances por parte del Ministerio Público, a quien el pasado 3 de julio le entregaron un escrito solicitando dichas medidas para seguridad de la afectada.

Las medidas que piden son: prohibición de que el agresor se le acerque o comunique con ella, que no pueda acercarse a su domicilio o sitio donde se encuentre, prohibición a conductas de intimidación o molestia, vigilancia en el domicilio y auxilio inmediato de cuerpo policiaco si hubiera agresiones de nueva cuenta.

También en ese escrito pidieron que la carpeta ya sea judicializada, pero “hasta el día de hoy no se tiene respuesta, no le concedieron las medidas de protección a la víctima[...] Se encuentra en un riesgo inminente”.

Llaman a la Fiscalía a atender y dar seguimiento a denuncias.

Karol Puc expuso que, cuando las víctimas se atreven a denunciar y la Fiscalía no atiende sus casos, “hay un problema en el que no importa cuántas veces defendamos si las instituciones de representación de justicia nos van a poner un muro en el que las mujeres del interior del Estado nos topamos y nos decepcionamos”.

Este caso, dijo, es uno de muchos “y es necesario ponerlos sobre la mesa”, a pesar de que en Motul está la Instancia Municipal de la Mujer, Fiscalía, juzgado, Centro Regional Violeta, entre otras dependencias, pero no es así para todas, quienes además del difícil acceso a la justicia enfrentan costos psicológicos y económicos para trasladarse a denunciar y seguir sus casos.

Pide que las fiscalías se den cuenta de las trabas que están poniendo, pues, en este caso en particular, el agresor “se jacta de que puede salir libre” y tienen conocimiento de que esta no es la primera vez que ocurre.

Durante este año, en la instancia reciben 18 casos mensuales –en promedio–de violencia, visibilizó; las más comunes, señaló, son por violencia familiar, pero esto también es debido a la falta de denuncias en materia penal sobre otros temas como el acoso y/o abuso sexualy, quienes denuncian, suelen desistir de sus procesos.

El tema, es cultural, por lo que sí son necesarias las campañas de concientización, pero la mejor para que esto realmente sirva en la realidad, “es que funcione bien el sistema”, es decir, que entre las víctimas puedan invitarse a denunciar con la certeza de que accederán a la justicia, porque así lo han vivido.

Edición: Ana Ordaz