Esta mañana, en rueda de prensa, la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva (Amisy), pidió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de que este órgano ejerciera una acción de inconstitucionalidad ante la 3 de 3.
El pasado 7 de julio, la CNDH pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revisara la 3 de 3 aprobada en el Congreso del Estado de Yucatán, pues aseguran que impedir el acceso a candidaturas y cargos públicos a quienes son deudores alimentarios, actúa en contra del derecho al trabajo.
Las activistas, leyendo un pronunciamiento firmado por 433 colectivas, esta mañana enfatizaron que el derecho al trabajo no se ve afectado, pues pueden desempeñarse en cualquier ámbito y lo que exigen es que nadie que ejerza esta violencia económica contra las infancias represente a la población.
“Extraña que sea la CNDH, cuyo objeto es velar por los derechos humanos, quien se afane para que se invalide”.
Alegando que la CNDH no debería tomar posición en contra de esta legislación, pidieron que la titular Piedra Ibarra renuncie a su cargo y, de no ser así, que el Senado de la República inicie el procedimiento de destitución.
Desde su visión, la falta de pensión alimentaria constituye violencia económica y patrimonial, que actúa en contra del principio superior de la niñez, legislación que no admite ninguna normativa sobre ella.
Esta pensión, puntualizaron, no solamente está relacionada con la alimentación, sino también con la salud, educación, vivienda, desarrollo, cultura y una vida digna.
También dirigieron su posicionamiento hacia la SCJN, a quien le exigen que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas en el Estado de Yucatán para que ninguna persona violenta asuma puestos de representación popular.
"El discurso sobre los derechos humanos es muy poderoso y conlleva una responsabilidad; lamentamos que en nombre de la igualdad y la no discriminación, la CNDH desvirtúe y coloque en un mismo plano a quienes cumplen con la Ley”.
Aseguraron que no hay lugar para cuestionar la 3 de 3 como fue aprobada en Yucatán y, además, apuntaron que lugares como Chiapas y Ciudad de México, ya impiden servidores públicos con deudas alimentarias, así como el propio Instituto Nacional Electoral (INE) también actuó en ese sentido en los pasados procesos electorales para impedir candidaturas con antecedentes de agresiones sexuales o que fueran deudores alimentarios.
“Nadie que ejerza violencia en lo privado puede tener poder porque va a replicar esa violencia y la va a potencializar”.
Con el panorama actual, en el que la CNDH promueve una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por esta Ley, informaron que acudirán al Congreso del Estado de Yucatán para entregar su respaldo de forma oficial y pedir que también este poder mire al Poder Judicial, pues apuntan que es uno de los poderes más violentos y es quien debería velar por la justicia.
Edición: Laura Espejo
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