En el marco del 15 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ofrecieron la conferencia Derechos de los pueblos indígenas, avances y retos, en la cual, los panelistas coincidieron en que hay avances en la materia y el reto radica en hacerlos llegar a las comunidades de Yucatán.
En la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Sabido Santana, subrayó que dicho organismo está vinculado con los derechos de todos los grupos de la sociedad, particularmente con los vulnerables.
En Yucatán se han hecho diversas reformas legislativas, aseguró, que han dado un sustento a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Para el funcionario, la existencia de normas protectoras de los derechos de las comunidades indígenas es uno de los avances que se ha tenido en la materia.
“Sin embargo, creo que lo pendiente es cómo implementar políticas públicas, así como hacer vigente lo que la ley prevé”, sentenció el ombudsman.
En cuanto a avances existentes en el tema, detalló que se trata de un sector poblacional que ya figura en la agenda pública y, desde su perspectiva, se comienza a saldar la deuda histórica que se tenía con los pueblos indígenas.
María Gilda Segovia Chab, comisionada presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip) expuso que, en Yucatán, existe la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y la Ley del Sistema de Justicia Maya, las cuales cambian el modo de mirar a los pueblos originarios, según consideró.
“Los legisladores, por ejemplo, empiezan a tener que mirar esta diversidad, a tener que estudiar estos sistemas normativos porque la ley así lo manda”, aclaró.
Con este enfoque, dijo, el juzgador tiene que solicitar estudios antropológicos porque necesita una radiografía de cómo vive la persona a la que va a juzgar y necesita allegarse de elementos que le permitan el impartir una justicia verdaderamente equitativa.
“Si bien, ya están garantizados los derechos (de los pueblos indígenas) con normas internacionales, nacionales y locales, la pregunta es ¿cuánto se conoce esta ley? Es importante que nos hagamos esta pregunta”, cuestionó Segovia Chab.
Recordó que la información debe estar disponible, accesible, en lenguaje sencillo y traducida a la lengua indígena. Es decir, que, si un ciudadano solicita información en lengua indígena, debe ser adecuadamente atendido.
María Elisa Chavarrea Chim, jefa del departamento de Patrimonio y Museos Comunitarios de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) de Yucatán, recordó que en el ámbito educativo, la entidad está declarada como un estado bilingüe. Sin embargo, hacen falta maestros preparados para impartir estas clases.
En cuanto al tema de las mujeres que sufren violencia, señaló que hacen falta traductores y acompañamiento en las comunidades para que sean más rápidos los procesos de atención hacia estas poblaciones en estado de vulnerabilidad.
Sobre los territorios, Elisa Chavarrea reconoció que hay bases sentadas en cuanto a la protección, no obstante, habría que ver qué tanto se está respetando la opinión de las comunidades y están conscientes de que al perder un pedazo de su territorio pierden parte de su identidad.
“En el caso de Yucatán, que lo maya no sólo sea visto como algo turístico, sino como comunidades que están en constante cambio y adaptación, y cómo hacer que estas declaraciones sean más accesibles para ellas”, aseveró.
Alberto Agustín Barceló Pech, director del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya del ayuntamiento de Mérida, exhortó a ver la situación de los derechos de los pueblos indígenas desde otras aristas. Los expertos en el tema, dijo, son las personas que viven en las comunidades.
Las leyes del estado mexicano, lamentó, siguen viendo a los pueblos indígenas como “el otro” a pesar de que esté establecido que vivimos en un país pluricultural.
“Los grupos indígenas no participan en la elaboración de esos derechos para decir cómo quieren vivir, sino el estado es el que implementa una serie de leyes para hacerlos convivir dentro de un esquema estatal. Esa es una deficiencia”, condenó.
Agustín Barceló reconoció que sí ha habido grandes cambios y avances para algunos muy grandes y para otros, simplemente, lo esencial, aunque esto es perfectible, declaró.
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