Al conocer sus derechos humanos, las comunidades indígenas (como los pueblos mayas) se empoderan, generando que sus luchas y resistencias sean más sólidas, opinó Iván Ramos Méndez, director de Participación y Consulta Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Además, indicó que las comunidades adquieren más herramientas para combatir el racismo y abusos que han sufrido durante años.
Por eso, recalcó que la dependencia ha emprendido acciones para promover los derechos de las comunidades en todo el territorio nacional.
Hace un par de semanas, en Valladolid (Yucatán), decenas de líderes mayas participaron en un encuentro maya peninsular, organizado por el INPI, con el fin de conocer más a detalle sus problemáticas y al mismo tiempo sobre las reformas a la constitución, que busca reconocer a los indígenas como sujetos de derecho y hacer valer sus derechos.
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Ramos Méndez explicó que desde 1990, México es uno de los países en el mundo que suscribe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, que reconoce todo un catálogo de derechos indígenas y firman ese documento con el fin de que entre en vigor al año siguiente, sin embargo, a la fecha “es letra muerta”.
“Son derechos reconocidos internacionalmente, y México está obligado a garantizarlos, pero no en la vida diaria no tiene ninguna repercusión”.
Pese a tener un tratado internacional, señaló que no se cumplen los derechos de los pueblos indígenas lo que ha generado, de acuerdo con el especialista, que las comunidades sigan teniendo que luchar por hacer valer sus derechos a través de demandas, juicios y por medio de otras instancias.
“El ejercicio de los derechos ha sido impedido por las autoridades con el argumento que no tiene base constitucional”, indicó
En el 2001, se realizaron reformas para consagrar sus derechos en la Constitución, sin embargo, el especialista dijo que están incompletas, por eso ahora se busca tener un marco legal que sí reconozca a los pueblos como sujetos de derecho y, al mismo tiempo, se pueda armonizar con las legislaciones locales y proteger los derechos colectivos de este sector.
Una vez reconocidos en la Constitución, afirmó, será obligatorio para todas las dependencias de gobierno y las legislaturas estatales armonicen sus legislaciones con base a este nuevo parámetro constitucional.
La propuesta se encuentra en la Consejería Jurídica del gobierno federal para su análisis y luego pueda ser presentada ante la cámara de diputados y diputadas próximamente, para su eventual discusión.
“Se tiene que hacer visible este mandado de reconocer que México es una nación pluricultural, y debe haber un plano de igualdad”, indicó.
Además, indicó que con estas reformas se combate el racismo y las violaciones que han sufrido durante años, las comunidades se empoderan y tiene un respaldo para hacer valer sus derechos humanos, finalizó.
Edición: Estefanía Cardeña
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