La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la diputada Karla Franco Blanco, propuso una iniciativa para que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la Fiscalía Especializada de Anticorrupción trabajen de forma colaborativa en pro de la protección a la integridad de las mujeres.
La diputada expuso que esto reformaría la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en materia de participación de las mujeres, dotando de un mecanismo para que estas dos dependencias actúen en conjunto para evitar que acciones u omisiones provoquen la indefensión a mujeres que han denunciado violencia.
Dijo que el objetivo “es propiciar la efectiva coordinación entre el estado y los municipios para el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en Yucatán”.
Para ello, continuó, también promueven un mejor diseño, seguimiento y evaluación de las medidas preventivas y el desempeño de las instituciones de seguridad pública.
“Este avance jurídico social debe enfocarse a adaptar las acciones cotidianas del día a día de las personas para proteger su integridad”, opinó.
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Aunque el índice de seguridad continúa alto en la entidad yucateca, señaló, “es común ver en notas informativas, impresas, electrónicas o en redes sociales que cada vez se cometen más agresiones en contra de las mujeres, tristemente relacionadas a la libertad sexual, la familia, así como incumplimiento de obligaciones familiares”.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indicó que en 2021 Yucatán tuvo incidencia en delitos relacionados con violación, abuso sexual, hostigamiento, acoso, amenazas y violencia familiar; además de contabilizar cinco feminicidios con armas blancas.
Este 2022, detalló, hasta el mes de julio los datos son similares –cuatro feminicidios–, por lo que podrían rebasar a los del año anterior. “Y recalco el tema del feminicidio, por ser la materialización más cruel de violencia en contra de las mujeres”.
Por este panorama, apuntó, “consideramos necesario actualizar la ley para contar con instituciones funcionales donde la participación del sector social genere un vínculo sólido con las autoridades hacia una mejor labor preventiva con un enfoque moderno y vanguardista”.
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