Intento de feminicidio, casi invisible en Yucatán

En el estado hay 29 sentencias registradas, contra 13 mil denuncias por violencia de género
Foto: Juan Manuel Valdivia

En el Poder Judicial del Estado de Yucatán hay 29 sentencias condenatorias registradas por el delito de tentativa de feminicidio en el periodo de 2014 a junio de 2022. Sin embargo, dichos números contrastan con más de 13 mil denuncias recibidas por actos de violencia familiar, lesiones y feminicidio en grado de tentativa desde 2014 cuando inició operaciones el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE). 

Las pocas sentencias condenatorias, aseguran activistas, invisibilizan la gravedad del delito de intento de feminicidio y vulneran la seguridad de las víctimas, pues al carecer de monitoreo y de estadísticas no se han tomado las medidas adecuadas para evitarlo. 

Esto se debe a que la mayoría de las denuncias suelen tipificarse como violencia familiar o lesiones, lo que minimiza la situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres que son sobrevivientes a un ataque que atentó contra su vida. 

“Tomemos en cuenta que hay una cifra negra porque hay muchas mujeres que no denuncian, pero de las denuncias que sí se realizan en la fiscalía es alrededor de 90 por ciento que no pasa como feminicidio en grado de tentativa y son tipificadas como violencia familiar o como lesiones a pesar de que llegan casi muertas”, señala en entrevista Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán.

Basta un ejemplo que dimos a conocer en días pasados en La Jornada Maya: una mujer que fue víctima de una crueldad extrema porque estuvo encadenada, maniatada, amordazada y golpeada brutalmente acudió a denunciar los hechos ante la FGE y el proceso en contra de su agresor inició por violencia familiar y a más de un año de los hechos continúa sin recibir sentencia. 

 

Nota relacionada: Víctima de agresión pide que su caso sea tipificado como intento de feminicidio

 

De acuerdo con la solicitud de transparencia con folio 310568622000385 que respondió la FGE, desde el inicio de operaciones del Centro de Justicia para Mujeres de Yucatán en 2014, han sido recibidas 12 mil 974 denuncias por violencia familiar, lesiones e intento de feminicidio, esto con corte a 2021. En lo que va de 2022 se contabilizan mil 180 denuncias presentadas en general. 

Las cifras reportadas por la dependencia de justicia señalan que sólo una carpeta de investigación abierta en 2016 fue clasificada como intento de feminicidio. 

 

Foto: FGE

 

“Los feminicidios en grado de tentativa solamente se conocen si llegan a la prensa, sino no se conocen y no podemos monitorear lo grave que es la situación. Además, nunca las cifras de la sociedad civil van a ser iguales a las institucionales”, advierte Adelaida. 

Por otro lado, el Poder Judicial del Estado de Yucatán reporta que de 2014 a la fecha, sólo 37 personas han sido vinculadas a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. 

 

Foto:  Poder Judicial del Estado de Yucatán

 

A través de la solicitud de transparencia con folio 310573422000188, el Poder Judicial informa que de 2014 al corte de junio 2022, 29 personas han recibido sentencia condenatoria por este delito. 

 

Foto:  Poder Judicial del Estado de Yucatán

 

Para medir la magnitud de la escasez de sanción al feminicidio en grado de tentativa fueron consultados dos refugios en Yucatán para mujeres víctimas: el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema, del Ayuntamiento de Mérida; y Apis Sureste: Fundación para la Equidad A.C., que forma parte de la Red Nacional de Refugios. 

El refugio del ayuntamiento explica que este espacio salvaguarda la vida e integridad de las mujeres por las violencias y violencia extrema vivida. En total, el espacio ha resguardado desde su creación en 2006 a 33 núcleos familiares, considerando 33 mujeres y 58 niñas, niños y adolescentes en situación de violencia extrema. 

“Quienes ingresaron al refugio para salvaguardar su vida e integridad ante la violencia extrema y feminicida experimentada”, detalla el informe otorgado a través de comunicación social. 

Es decir, aquí se contabilizan al menos 33 casos de violencia extrema y feminicida. 

Las cifras de Apis Sureste señalan que tan sólo en 2020, mil 239 mujeres solicitaron atención debido a la violencia que vivían. Del total, 12 fueron recibidas con sus hijas e hijos en el refugio. 

En 2021, 938 pidieron ayuda a la asociación y 16 mujeres fueron recibidas en el refugio. 

De enero a mayo de 2022, 315 mujeres han solicitado atención y cinco de ellas fueron canalizadas al refugio. El resto de mujeres que no requieren el hospedaje en el espacio seguro son orientadas y canalizadas para atender sus necesidades. 

El hecho de ingresar al refugio se debe al alto riesgo que corren las víctimas. 

“Ellas reportan que sufren todos los tipos de violencia: sicológica, económica, patrimonial, sexual, física y muchas veces nosotras les preguntamos cuál fue el último evento y por lo regular es ‘me iba a ahorcar, me amenazó con arma de fuego, con un arma punzocortante’. Sí, hay amenazas que ya son de muerte como ‘si tú haces tal cosa entonces te mato’”, explica Leticia Murúa Beltrán Aragón, directora de Apis Sureste: Fundación para la Equidad A.C. 

Leticia explica que prácticamente todas las mujeres que son refugiadas son víctimas de intento de feminicidio y señala que la crueldad con la que actúan los agresores -que generalmente son las parejas o ex parejas- ha aumentado en los últimos años. 

Por ejemplo, a Apis Sureste llegó una mujer víctima de violencia extrema, cuyo agresor también tenía amenazada a toda su familia. 

La víctima recibió refugio para ella y sus cuatro hijos, pero fue muy complicado tejer redes porque toda la familia tenía miedo. 

 

Sigue leyendo: El camino para la justicia tras un intento de feminicidio en Yucatán

 

Prevención, la prioridad

Ambas activistas coinciden que atender la violencia feminicida comienza por la prevención y la visibilización de que el feminicidio en grado de tentativa es un delito que existe y que permea en la calidad de vida de las víctimas. 

“Al no haber una cultura de prevención, la violencia va en aumento. Hay muchas sobrevivientes de feminicidio que incluso huyen. Existe un caso en Akil donde la mujer pagó 100 mil pesos para cruzar como indocumentada a Estados Unidos para evitar que su marido la matara”, comenta Adelaida Salas. 

“Es un delito que impacta en la vida de las mujeres, en la vida de sus hijos. El futuro y proyecto de niñas y mujeres que se ven truncados con toda la violencia que enfrentan”, lamentó. 

Leticia Beltrán señala que es urgente que las autoridades establezcan y apliquen el protocolo para analizar el grado de riesgo en el que se encuentra una mujer que acude a denunciar. 

“Los feminicidios que han existido podrían prevenirse. Hace falta que se haga un correcto tamizaje de riesgo donde aunque la mujer minimice la situación, el informe diga ‘estás en esta circunstancia, hagamos conciencia de lo que puede pasar’, canalizarla a un refugio o si la mujer no quiere podemos tejer una red de personas que esté al pendiente, que tenga medidas de protección en las que la autoridad esté avisada de que pasa por una situación en la que está en alto riesgo su vida”, explica.

La directora de Apis Sureste recuerda que la violencia feminicida es un problema estructural que debe atenderse desde todos los frentes, incluyendo a la comunidad. 

Advierte que invisibilizar el intento de feminicidio vulnera a las víctimas y “como sociedad y como familia tenemos que entender a qué problemática nos enfrentamos, cómo podemos ayudar a las víctimas, no rechazarlas”. 

“Estas cuestiones nos afectan socialmente y no le estamos dando la importancia. Los refugios ayudan a las personas que están viviendo esa situación y que han sido afectadas por la problemática y que si no se atienden pueden llegar a situaciones como los intentos de feminicidios y en los peores casos, el femicidio consumado”, señaló. 

Beltrán Aragón recuerda que Apis Sureste es un espacio seguro para las víctimas y sus hijos e hijas porque cuenta con personal especializado para atender a mujeres que han sufrido o sufren violencia. 

Las puertas de la asociación están abiertas para las personas que requieran atención sicológica, asesoría jurídica y, en caso de ser necesario, refugio temporal. Las oficinas se encuentran en Calle 27A, número 114A, entre 22 y 24A, Loma Bonita Xcumpich, en Mérida y el teléfono de contacto es el 999 988 4048.

 

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