Proponen apoyo social para transporte público en Yucatán

El legislativo de la entidad yucateca recibió este miércoles una propuesta para modificar la Ley de Movilidad Y Seguridad Vial del Estado de Yucatán para que el gobierno brinde apoyos sociales a sus trabajadores.

En voz del diputado de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “a las trabajadoras y trabajadores gubernamentales de Yucatán se les debe garantizar una movilidad segura y digna, pero sobre todo asequible y que no genere un impacto negativo a su bolsillo, toda vez que este último en gran medida puede verse afectado en su rendimiento por la utilización del transporte hacia el lugar de trabajo”.

Esto, explicó, considerando que sus salarios oscilan entre mil 849 y 3 mi 678 pesos antes de impuestos, disminuyendo con los mismos y dejando un salario libre muy bajo luego de considerar la compra de una canasta básica.

Destacó que debido a que la inflación va en aumento y, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Mérida es el tercer lugar con mayor porcentaje de incremento en los precios de los productos a nivel nacional, la situación “representa una disminución en la capacidad adquisitiva de las familias con un impacto en la alimentación, gastos necesarios para la vivienda, transporte…”.

La misma cantidad de dinero que hay en las familias, ahora alcanza para menos, por ello, “proponemos el reconocimiento en nuestro cuerpo normativo de una tarifa social en beneficio de las y los yucatecos, contemplando de forma expresa en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán a Estudiantes, Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Niñas y Niños de hasta ocho años”.

Desde su visión, el transporte público debe ser de calidad en modo, tiempo y costo, al tiempo que el costo debe cubrir el mantenimiento y modernización de las unidades, así como el pago de sueldos de las y los prestadores del servicio.

Abundó que la movilidad permite el derecho al disfrute, pero también la salud y la educación, y el transporte público es un medio para ello “e impulsa que se generen cambios institucionales, normativos y de infraestructura que garanticen las condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

Así, contemplando que en 2006 se estipuló el decreto 441/2016 que continúa vigente para hacer un descuento de .50 centavos a los usuarios por medio del programa Apoyo al Gasto Familiar en el Transporte Público, solicitó que además de ese beneficio y los que existen para personas con discapacidad, adultas mayores, niñas y Niños y estudiantes, también consideren a personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos Estatales, con la posibilidad de que dicho beneficio pueda ser aplicable para los trabajadores de empresas de carácter privado que cuenten con oficinas en el estado, previo convenio de colaboración entre las partes con la Agencia de Transporte de Yucatán.

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Edición: Estefanía Cardeña