Luego de que la Asociación de Restaurantes de Valladolid (Arvay) informara que el alcalde de su municipio pretende que den un ‘donativo’ de forma obligada por 150 mil pesos para obtener la licitación por la venta de bebidas alcohólicas en sus establecimientos, el abogado que les representa indicó que son al menos 14 los restaurantes que iniciarán procesos legales de ser necesario.
Ángel Herrera, el representante legal, expuso que el presidente municipal está condicionando esta licencia de funcionamiento, “él dice que porque antiguamente se pedía una colaboración por debajo de la mesa y que como él es muy honesto y las cosas han cambiado, esa colaboración la pide sobre la mesa”.
Este supuesto donativo, continuó, el alcalde asegura que servirá para construir casetas de vigilancia, comprar cuatrimotos para la ciudadanía, entre otras acciones; sin embargo, el abogado destacó que hacer este tipo de cobros tendría que pasar primero por el Congreso del Estado, de lo contrario, sin importar el fin de ese recurso, “a todas luces es un delito”.
Detalló que el Código Penal establece que si un servidor o servidora pública pide dinero a cambio de realizar funciones propias de su cargo comete un delito; además, señaló que el alcalde “acostumbra” pasar por Cabildo estas licitaciones y, si bien eso no está prohibido, opina que ocasiona que las mismas queden “a voluntad política”.
“Consideramos que es ilegal esta pretensión del presidente municipal, así tenga el mejor de los fines, de estar pidiendo dinero a cambio por funciones propias de su cargo”.
Prevé que tendrán que iniciar un juicio de amparo al respecto si el Ayuntamiento de Valladolid continúa con la petición, pues “no existe ninguna fundamentación, ni motivación para negar estas solicitudes de las licencias de funcionamiento”.
Apuntó que algunas personas ya están contemplando denunciar al alcalde y, de comprobar que están atentando en contra de los derechos humanos, podrían hacer una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado para buscar la inhabilitación de los funcionarios involucrados.
Otra irregularidad en el tema, dijo, es que cuando las y los restauranteros tienen acercamiento para iniciar el trámite de la licitación, no les quieren recibir la documentación o se las reciben sin ningún acuse de recibo o prueba del hecho.
“Ya hemos ido preparando las acciones necesarias y, finalmente, si no nos reciben la documentación como es debido vamos a tener que llevar a un notario y documentar todas estas irregularidades para dejar constancia de ellas y que las autoridades jurisdiccionales federales y las demás que vayan conociendo los asuntos tengan materia para analizar que se hizo la solicitud y que no están cumpliendo”.
Refirió que el alcalde usa esta estrategia pues sabe que si no hay constancia de que fueron solicitadas las licitaciones, puede alegar que nadie las ha pedido.
Edición: Laura Espejo
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