Fueron 26 hombres y 16 mujeres -tres eran menores de edad- a quienes detuvieron durante el operativo en un asentamiento irregular en Chicxulub Puerto. Hoy, son 39 personas las que están en prisión preventiva; y sus familias piden su inmediata liberación, alegando irregularidades en el proceso.
El pasado 20 de marzo cerca de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojaron a decenas de familias que vivían en un asentamiento irregular en dicha comisaría progreseña.
Familiares y gente allegada a las personas hoy presas condenan que las fuerzas de seguridad llegaron a amedrentarles con gas lacrimógeno, piedras y palos. Además, dicen, les sustrajeron de predios particulares sin autorización de sus propietarios.
La abogada Dariana Quintal, defensora de los afectados, asegura que hubo irregularidades y corrupción en la integración de las carpetas de investigación. Alega que las detenciones se realizaron de manera arbitraria y violentando los derechos humanos de las y los “paracaidistas”.
En primera instancia, detalló en rueda de prensa, los agentes ingresaron por la fuerza a los predios en donde se alojaron -con la anuencia de sus propietarios- quienes habitaban el complejo. Las heridas de los policías, precisa, no son de consideración.
También cuestionó sobre el costo de los escudos que fueron dañados en la riña. La SSP señala que éstos tienen un costo de 4 mil 500 pesos; cuando según la litigante el precio no supera los mil 600 pesos. Por eso acusa de corrupción a la corporación.
Los tiempos en los que les fueron leídos sus derechos; y las acciones de los policías de la SSP, así como de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron cuestionados por la abogada Quintal. La última audiencia del caso, celebrada a finales de marzo, duró 26 horas.
Versión oficial
Según datos de la FGE, las 39 personas involucradas permanecerán en prisión preventiva justificada luego de que el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial resolviera la situación de los imputados.
Los delitos, acotaron, fueron ataques peligrosos contra servidor público, daño en propiedad ajena contra institución pública y resistencia de particulares, todos cometidos en pandilla.
En los hechos contenidos en la carpeta de investigación bajo la causa penal 98/2023 se expuso que la detención de estas personas ocurrió mientras se realizaba una diligencia ministerial en terrenos invadidos de la citada localidad.
“Donde el grupo de imputados incendiaron maleza y atacaron a los servidores públicos que habían acudido al lugar, por lo que en su momento fueron detenidos y turnados ante esta representación social”, reza el comunicado oficial.
Luego de calificarse de legal la detención, los fiscales de litigación expusieron y formularon los cargos penales, para después presentar los datos de prueba reunidos en la indagatoria para pedir la vinculación a proceso de los acusados.
Edición: Laura Espejo
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