Foto: Cristina Rodríguez

Bajo el argumento de que existe un mandato judicial que prohíbe la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, representantes de cámaras empresariales, de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares exigieron a las autoridades que se use el mismo material que el del ciclo escolar 2022-2023.

Los inconformes aseguran que el amparo resuelto por el juzgado tercero de distrito de la Ciudad de México establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no debe producir y distribuir los nuevos libros de texto gratuitos, situación que en automático daría vigencia al material del año pasado.

A unos días de comenzar el ciclo escolar 2023-2024, Beatriz Gómory Correa, presidenta de Coparmex Mérida; Levy Abraham Macari, presidente de la Canaco Servytur Mérida; Gerardo Pineda Martínez, presidente del Comité Yucatán de la UNPF y Elías Dajer Fadel, presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, organizaron una conferencia de prensa para exhortar a las autoridades educativas a obedecer este mandato.

El amparo fue promovido a nivel nacional por la UNPF y tras la resolución, son las autoridades estatales las encargadas de establecer estrategias para la implementación del programa educativo.

 

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“El mandato es que se utilicen los libros del ciclo escolar anterior… La petición es para las autoridades que sean responsables de gestionar ajustes presupuestales ponderando el interés superior de la infancia y de la adolescencia”, declaró Gerardo Pineda.

Además, el grupo asegura que no fueron convocados a las mesas de trabajo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), por lo que también solicitaron la realización de nuevas reuniones.

“Los foros no cubrieron la totalidad de lo que se debe cubrir, no se llegó al detalle y solicitamos que se convoque a todos los sectores sociales interesados e involucrados con la educación”, reclamó Elías Dajer Fadel.

Como pedagogo, Elías Dajer, aseguró que está consciente de que los libros son referencias y no la única herramienta, pero dijo que el tema realmente se trata del cumplimiento de un mandato judicial, pues la distribución de los libros de texto gratuitos si ocurre en este momento sería anticonstitucional.

Al respecto, Gerardo Pineda invitó a los padres de familia a tramitar amparos individuales para evitar que el nuevo material de la SEP llegue a manos de los estudiantes de educación básica.

Levy Abraham Macari insistió que el gobierno de Yucatán debe implementar los planes y libros del ciclo escolar anterior, que también fueron emitidos por la autoridad educativa federal.

En contraste, la noche de este jueves la Segey informó a través de un comunicado de prensa que tras realizar las mesas de análisis con integrantes de los Comités de Participación Social en la educación, colegios de profesionistas en educación, docentes y sindicatos al servicio de la educación, se acordó implementación de materiales adicionales para reforzar la labor del personal docente.

“Los libros de texto gratuitos son una herramienta de apoyo y como tal es un derecho que los estudiantes deben tener, sin embargo, el experto es el docente quien en su gestión dentro del aula imparte la enseñanza que ayuda a consolidar el desarrollo de los mismos”, destacó la dependencia estatal.

 

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