En conferencia de prensa, una delegación de la comunidad maya de Ixil, Yucatán, denunció los varios intentos de despojos que su territorio está sufriendo por parte de inmobiliarias y proyectos eólicos.
La delegacion, de ocho personas, informó sobre las gestiones que realizaron estos días en la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia y distintas instituciones federales como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), donde interpusieron una denuncia penal por actos fraudulentos cuyo fin era despojarles de más de 5 mil 200 hectáreas de tierras ejidales de uso común.
En la conferencia de prensa participó también Carlos Yamá, de la comunidad maya de Kinchil, para denunciar los impactos ambientales que provocan las granjas porcícolas.
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Miguel Navarro Chim, miembro de la comunidad de Ixil, indicó que el motivo de su presencia en la Ciudad de México es para denunciar el despojo de tierras que sufre Ixil y todas las comunidades del estado de Yucatán por parte de empresas inmobiliarias, granjas porcinas y granjas avícolas.
“Los empresarios se están adueñando de nuestro territorio para hacer sus negocios, las inmobiliarias están ligadas a muchos empresarios que nos quieren despojar de nuestras tierras, lo han venido haciendo desde hace más de 10 años y ahora empeoró más la situación”.
José Argamiro Cobá Cocom sseñaló que Ixil que se encuentra a unos 25 kilómetros de la Ciudad de Mérida y colinda con el Golfo de México, tiene una biodiversidad muy bien conservada “está el calichal, koxolac, la selva baja caducifolia y el bosque alto que aún conserva toda su biodiversidad”.
Mercedes Cocom Noriega denunció que desde hace 10 años está en la lucha porque el empresario Alejandro Escoffié quiere despojarles de 5 mil 200 hectáreas de tierras de uso común y asignárselas a personas ajenas a la comunidad.
La denuncia ante la fiscalía contra el empresario Escoffié y sus socios es por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa, y está relacionada con el intento de privatizar las tierras ejidales de uso común a través de documentos y firmas falsificadas.
Maximiliano Cetz Pech, contó que en Ixil, el 4 de agosto de 2022 los empresarios Abimerhi y Millet intentaron entrar con maquinaria a invadir las tierras de la comunidad.
La gente del pueblo se movilizó y logró impedirlo, pero “al siguiente año volvieron, el 17 de agosto de 2023, a las 5 de la mañana vino un convoy de policías que nadie jamás se imaginó, venían con todo preparado la Fiscalía del Estado, el SSP y los empresarios cerrando todas las entradas que van al norte, por donde pasamos a nuestros sembrados”.
Indicó que son tierras que han venido trabajando desde hace décadas y cuentan con constancias para demostrarlo, que nunca vieron a las personas que dicen que esas tierras son de su propiedad y que hasta el día de hoy siguen los policías cuidando las tierras para los empresarios. Eso les dificulta acceder a sus cultivos, y temen que la policía les impute si pasa algo con los alambres de púas que han usado para cerrar las tierras de Ixil.
Concepción Chan Calderón informó que el pueblo maya de Ixil va a defender sus derechos porque esas tierras les corresponden desde sus antepasados.
Carlos Yamá, del colectivo Cantukún, en la comunidad maya de Kinchil, al poniente de Yucatán, informó que desde hace 10 años defienden los terrenos que poseen desde sus antepasados y que les quiere arrebatar una empresa porcícola.
Sobre la reunión ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas INPI, Angelica Tec Ek comunicó que se ingresó la solicitud de inscripción de Ixil en el Catálogo nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, lo que ayudará en la defensa del territorio.
José Argemiro aclaró que presentaron un amparo contra la orden de aseguramiento de sus tierras del 17 de agosto de 2023, pero el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Yucatán les denegó la suspensión provisional.
En este tribunal trabaja un primo segundo de una de las personas que se ostenta como propietaria y que está queriendo despojar a la comunidad. Por este y otros motivos, acudieron a la Suprema Corte para que sea ella quien decida sobre la suspensión definitiva que han solicitado en el amparo.
Señalaron que la contaminación del agua por heces fecales se presenta también en Ixil, donde no se ha permitido la instalación de granjas porcícolas, pues las granjas avícolas y porcícolas de municipios colindantes contaminan el acuífero.
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