Alrededor de 300 personas que se encuentran privadas de la libertad sin recibir sentencia en Yucatán todavía desconocen si podrán participar en este proceso electoral, debido a que no se ha definido de forma oficial el convenio entre el gobierno del estado y el Instituto Nacional Electoral (INE).
En tanto, el INE Yucatán ya se encuentra cotejando los datos biométricos de estas personas con el padrón electoral para verificar que efectivamente aparezcan en la lista.
Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la junta local INE Yucatán, informó que se ha avanzado bastante con este proceso, pero todavía no se puede considerar un hecho.
En caso de aprobarse el convenio y permitir la participación de las personas que se encuentran en prisión sin haber recibido sentencia, éstas únicamente podrán emitir su voto para elegir el cargo a la presidencia de la República, es decir, no participarán en la elección de diputados locales y federales, tampoco elección de las presidencias municipales ni de la gubernatura del estado.
En tanto se define si habrá o no participación de personas privadas de la libertad en el proceso electoral, se avanza con las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, como el hecho de que los debates presidenciales sean transmitidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Mérida, que es el único penal donde se llevaría a cabo la votación anticipada.
Las personas privadas de la libertad serían así el tercer sector poblacional en emitir su voto anticipado, uniéndose al proceso de las personas con discapacidad y el voto extranjero.
De San Denis Alvarado Díaz explicó que el proceso sólo aplica para las personas que se encuentran en proceso sin recibir sentencia, que son quienes no han perdido sus derechos políticos.
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La medida es ante la pausa en las negociaciones, que comenzaron hace más de año y medio
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