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Rodrigo Medina
13/12/2024 | Mérida, Yucatán
Parte del núcleo ejidal de Yaxnic, comisaría de Mérida, reclama deuda por el pago de las tierras que se adquirieron para la Reserva Ecológica de Cuxtal.
Por otra parte, ejidatarios y población campesina advierten persecución política de 15 defensores de la tierra en comunidades cercanas a la capital.
La ejidataria de la comisaría de Yaxnic, Rosalinda Simá, comentó en una rueda de prensa organizada por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y de la Vida, que en motivo de expandir los límite de la Reserva Ecológica de Cuxtal, el gobierno municipal del ex alcalde Renán Barrera expropió 495 hectáreas de ejido.
La afectada comentó que la autoridad municipal encabezada por Barrera Concha no fue clara en las negociaciones, pues primero se habló de venta y luego de expropiación.
Posteriormente, se pactó el monto, aproximadamente 60 millones de pesos por el total de hectáreas. Sin embargo, a los ejidatarios se les ha pagado solamente 24 millones de pesos desde hace casi 3 años, en febrero del 2022, siendo este el conflicto central y el reclamo de esta comunidad.
En su momento se hizo una demanda frente al Tribunal Agrario hacia el ayuntamiento de Mérida. Las audiencias se han pospuesto de forma reiterada al no asistir el núcleo centralizado responsable de los pagos de esta expropiación, comentó Pedro Quijano, del Frente Campesino.
En la misma rueda de prensa se presentaron casos de defensores de la tierra que han sido inculpados por la defensa de su territorio, como lo es el caso de Luis Chuc Sánchez, ejidatario de Motul, quien está bajo arresto domiciliario.
La ejidataria Rosalinda Simá fue privada de la libertad de forma ilegal a causa de la lucha por visibilizar la adquisición irregular de tierras del ejido de Yaxnic y la falta de pago por estas.
Denuncian que la misma problemática de criminalización y persecución judicial atraviesan 15 defensores de la tierra en Yucatán: ocho defensores en Sitilpech, cuatro en Samahil y en Mérida uno. Estos son: Mario Pech, Verónica Pech, Ariel Uc, Herbé Uc, Israel Euán, Juan Valencia, Alejandro Ku Pech, de Sitilpech; Wilberth Chuil Quintal, Gabino Dzib Uc, Lorenzo Balam, Hipólito Chacón, de Samahil, y Pedro Uc Quijano, de Mérida.
“En el caso de Samahil han embargado nuestra viviendas. Cinco compañeros estamos atravesando una persecución penal y civil. La persecución la sentimos grave. Pero parece que hay más eco fuera de Yucatán”, comentó Pedro Quijano.
Respecto de estos hechos, los implicados en el Frente Campesino mantuvieron una reunión en conjunto con varios ejidatarios de diversas comunidades en las oficinas del PNUD este martes 10 de diciembre, ya que una Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas está actualmente investigando diversos casos de injusticia hacia pueblos originarios, relacionados con el despojo de tierras y de recursos naturales como el agua, como es el caso de Luis Chuc, quien fue visitado por la ONU el pasado 7 de diciembre para conocer su situación.
El pasado jueves 12 de diciembre, el comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Puc, atravesó por una audiencia en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la cual fue diferida a petición de su defensa -hasta el 6 de febrero- con el motivo de que las pruebas en contra de los delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad que se le imputan por parte de la empresa porcícola San Gerardo, no fueron entregadas en tiempo y forma, como marca la ley.
El Frente Campesino (FCDTV) y la organización de la Contraloría del Agua de Yucatán, así como otras organizaciones hermanas y miembros de la población civil, acusan a este grupo -entre otros- de criminalización hacia los líderes campesinos y ejidales que buscan la protección de su territorio y de los recursos naturales como el agua, problema que se ha vuelto crítico en Mérida y en el estado.
Edición: Estefanía Cardeña
