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La Jornada Maya
27/02/2025 | Mérida, Yucatán
Morena y sus aliados en el Congreso de Yucatán presentaron una iniciativa de reforma al Poder Judicial de Yucatán, la cual se sintoniza con la reforma judicial federal y propone también la elección de magistrados y jueces mediante voto popular.
La propuesta, que será analizada hoy en comisión y debatida en el pleno el próximo jueves, podría transformar la forma en que se designan las autoridades judiciales en la entidad.
Uno de los puntos clave de la reforma es la elección de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, que programan para el próximo 1 de junio de 2025.
Dicha votación coincidirá con los comicios generales del estado y sería organizada por el Instituto Electoral de Yucatán. Para 2027, se contempla también la elección de jueces de primera instancia y magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.
Consultados al respecto, el Consejo Local del INE señaló que las gestiones para realizar la elección de magistrados y jueces locales, como lo propuso la bancada de Morena, no podrán ser posibles debido a que el plazo para solicitar estos comicios está vencido.
Lo mismo sucedió con la elección para magistrados y jueces locales en Nayarit, la cual fue solicitada ante el INE el 27 de enero, puesto que el plazo límite para solicitar elecciones locales era hasta el 15 de enero.
Con esta precisión, la próxima elección del 1 de junio se remitirá a la elección de los siguientes cargos públicos: jueces de Distrito, magistrados de Circuito y de los tribunales Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de Disciplina Judicial y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según la propuesta que se analiza en el Congreso estatal, la selección de los candidatos estará a cargo de un Comité de Evaluación Estatal, integrado por seis personas, dos propuestas por cada Poder del Estado. Este organismo revisará la idoneidad de los aspirantes y, una vez seleccionados, los nombres de los candidatos serán sorteados mediante insaculación para determinar quiénes aparecerán en la boleta electoral.
La reforma estatal también plantea la creación de un nuevo Órgano de Administración que sustituirá al Consejo de la Judicatura, así como la instauración de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos magistrados también serán electos por la ciudadanía. Este tribunal tendrá la facultad de supervisar faltas y responsabilidades dentro del Poder Judicial, además de recibir denuncias ciudadanas sobre actuaciones irregulares de jueces y magistrados.
Otro cambio relevante es la reducción del periodo de los magistrados, que pasaría de 15 a 9 años, con la posibilidad de reelección mediante el mismo proceso electoral.
La propuesta de Morena y sus satélites establece que si por alguna razón material o de fuerza mayor no se puede realizar la elección en la fecha prevista, esta podrá llevarse a cabo en los meses restantes de 2025 o, incluso, en 2026.
Posición de la bancada del PAN
El diputado Álvaro Cetina Puerto, presidente del PAN Yucatán, presentó una serie de modificaciones a la reforma judicial con el objetivo de adaptarla a las necesidades del estado y garantizar un sistema de justicia más cercano, eficiente e independiente.
Entre los cambios propuestos destaca la incorporación de juezas y jueces mayas, con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las comunidades indígenas, sin barreras lingüísticas ni culturales.
Así mismo, se busca elevar los requisitos para los aspirantes a jueces y magistrados, exigiendo promedios académicos más altos y la presentación de declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Además, se prohibirá la postulación de personas con antecedentes de violencia de género o deudores de pensión alimenticia.
El proceso de implementación será gradual y evaluado periódicamente para garantizar su efectividad, incluyendo mecanismos para revertir nombramientos en casos de desempeño deficiente. También se establecerán cláusulas que impidan la influencia política en el Poder Judicial, prohibiendo la militancia partidista o la ocupación de cargos de elección popular por parte de jueces y magistrados.
Edición: Estefanía Cardeña
