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Pablo A. Cicero Alonzo
15/04/2025 | Mérida, Yucatán
José Pablo Abreu Sacramento nunca ha tenido una credencial de elector que no sea yucateca. Aunque su carrera en el Derecho lo ha llevado a vivir en Ciudad de México, Londres y Madrid, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia asegura en entrevista con La Jornada Maya que su participación ciudadana y sus ideas para fortalecer la justicia siempre han tenido como centro y referente a Yucatán.
Pregunta. ¿Quién es José Pablo Abreu Sacramento, en lo personal y en lo profesional?
Respuesta. Soy el tercero de cinco hijos. Nací en Mérida y viví aquí hasta los 23 años. Después de terminar la carrera de Derecho en la Universidad Marista, continué mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuve un doctorado en Derecho Constitucional. Al regresar a México, comencé mi vida profesional en la Ciudad de México. Fui secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral y trabajé en la subprocuraduría de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República. En mi última etapa allá, integré el comité académico de la Escuela Judicial Federal, donde desarrollamos políticas públicas de capacitación para las personas servidoras judiciales.
En el ámbito académico, he sido profesor en diversas universidades públicas y privadas, y dirigí el departamento de Derecho del Tec de Monterrey, en la Ciudad de México. Siempre he estado profundamente conectado con Yucatán: todos mis derechos y deberes como ciudadano los he ejercido aquí. Me informaba constantemente a través de medios locales, y aquí viven mi familia y amistades. También he impartido conferencias y participado en paneles académicos en distintas universidades del estado.
Desde 2023 soy magistrado de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Como académico, tenía una posición cómoda: hacer diagnósticos, señalar problemas. Hoy me toca poner manos a la obra, llevar a la práctica las soluciones. En casa siempre me han enseñado que el servicio público es un espacio privilegiado para lograr cambios reales.
P. ¿Nos podrías explicar qué hace un magistrado?
R. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial, y de la magistratura en particular, es resolver los conflictos que surgen en la sociedad: entre familiares, vecinos —por ejemplo, sobre los límites de predios—, entre ciudadanos, entre trabajadoras y patrones. Los casos más complejos son los que escalan y pueden derivar en violencia. El objetivo no es solo determinar quién cometió un delito, sino también atender a la víctima e intentar reparar el daño. Una herramienta clave es la mediación. En cualquier etapa del proceso tenemos la posibilidad de propiciar un acuerdo que permita cerrar el conflicto de manera más rápida y efectiva. Resolver con justicia, pero también con humanidad.
P. En este período como magistrado, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes sobre la justicia?
R. Que las personas quieren —y necesitan— sentirse escuchadas. Muchas veces, el proceso judicial tradicional presta más atención al expediente que a quienes están detrás de él. Incluso en audiencias, la formalidad puede obstaculizar la empatía y la sensibilidad. Necesitamos hablar en positivo de la justicia: una justicia cercana, humana, sensible. Recordar que quien llega a un tribunal probablemente está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Nuestra labor no debe añadir más obstáculos. También debemos modernizar el sistema: aprovechar la tecnología, agilizar trámites, evitar que el formalismo se convierta en un muro. La Constitución permite ser flexibles, priorizando el acuerdo entre las partes cuando sea posible, sin romper el equilibrio. En materia familiar —que es la que me corresponde— debemos poner atención especial a los grupos en situación de vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTTTI. Como parte de uno de estos grupos, he vivido en carne propia los retos, y creo firmemente en aplicar el Derecho para derribar barreras.
P. Eres autor, entre otras publicaciones, de un estudio titulado Radiografía del acceso a la justicia en México. ¿Hoy día, en la impartición de justicia, hay personas sin voz? ¿Hay personas invisibles?
R. Radiografía del acceso a la justicia en México fue un estudio que elaboramos varios profesores universitarios. Identificamos áreas de oportunidad dentro del sistema judicial mexicano. Es un ejercicio para entender qué se puede y debe mejorar, no solo en los poderes judiciales, sino en todo el ecosistema jurídico. La desigualdad en el acceso a la justicia es una realidad. Quien cuenta con recursos llega mejor preparado a un juicio: tiene abogado, tiene pruebas. Quien no, enfrenta el proceso con limitaciones. Por eso, urge fortalecer las defensorías públicas: son pocas frente a muchos casos. Otra arista es la calidad de la formación legal.
En México hay miles de escuelas de Derecho. Necesitamos colegiación y regulación para asegurar que quienes egresan estén realmente preparados. También hay cifras preocupantes: los estándares internacionales recomiendan al menos 18 juzgadores por cada 100 mil personas. En México hay sólo seis. Esto se traduce en distancia y dificultad para acceder a la justicia. En Yucatán, por ejemplo, solo 9 de los 106 municipios tienen juzgados civiles y mercantiles. Las personas deben trasladarse —una y otra vez— o resignarse a la injusticia. Desde lo institucional, he participado en la reestructuración de planes de capacitación para el personal judicial. Creamos una metodología para detectar necesidades internas y fortalecer las competencias necesarias para atender mejor a la población.
Y un gran pendiente: la justicia indígena. Debemos respetar los precedentes nacionales e internacionales, y también aprovechar los saberes mayas. Hace falta una mejor coordinación entre la justicia estatal y la justicia maya para prevenir y resolver conflictos de manera más eficiente.
P. En diciembre de 2023, cuando fuiste propuesto como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, todas y todos los diputados, de todos los partidos, votaron a tu favor. ¿A qué atribuyes ese consenso en medio de la polarización?
R. Creo en la necesidad de tender puentes y construir consensos. Los consensos sociales deben reflejarse en las instituciones, como el Poder Legislativo. Durante mi comparecencia ante las y los diputados de la anterior legislatura fui transparente: hablé de mi trayectoria académica, de mi visión de justicia, de mi deseo de integrarme a un órgano colegiado con la noble misión de impartir justicia. Dije que creía tener la sensibilidad para contribuir. Y creo que eso se valoró.
P. ¿Qué papel deben tener los partidos políticos —y los políticos— en el Poder Judicial?
R. El Poder Judicial debe ser profesional e independiente. Solo con independencia puede garantizarse la imparcialidad. Eso no significa aislamiento: debe haber colaboración entre poderes, pero sin subordinación. Y la relación debe ser entre instituciones, no entre partidos. También es fundamental abrir el proceso judicial a la sociedad: asociaciones, colectivos, universidades, empresarios. La sociedad yucateca debe estar presente en los procesos de diagnóstico, diseño y evaluación de las políticas públicas judiciales.
P. El 2 de abril publicaste en este periódico un artículo titulado La importancia de la elección judicial de junio 2025. ¿Hay algo de lo que expusiste que quisieras reiterar?
R. Desde el título: La importancia de la elección judicial. Como sociedad, debemos dar a este proceso la relevancia que merece. Yucatán siempre ha destacado por su participación democrática, y esta vez no debe ser la excepción. Hay que informarse, observar, participar y emitir un voto responsable por quienes decidirán sobre nuestras controversias más sensibles. Un alumno me preguntó una vez: “¿Qué tan seguro es que quien sea electo resolverá bien los conflictos?” Le respondí que mientras mejor conozcamos a los candidatos y evaluemos sus perfiles, más certeza tendremos. Sé que hay críticas hacia la reforma judicial que da marco a esta elección. Pero, frente a una reforma ya vigente, solo hay dos caminos: hacer valer nuestros derechos o abandonar al Poder Judicial. Yo elijo lo primero.
Edición: Estefanía Cardeña
