Yucatán > Sociedad
Juan Manuel Contreras
02/09/2025 | Mérida, Yucatán
Representantes de diversas comunidades de Yucatán presentaron una nueva denuncia popular contra la operación de granjas porcícolas en la entidad en la que condenan importantes afectaciones a la salud, el medio ambiente y las formas de vida de los pueblos mayas. La acción fue respaldada por organizaciones y abogados que acompañan desde hace años la lucha contra estos megaproyectos.
La abogada Lourdes Medina Carrillo informó que la denuncia se acompaña de pruebas recientes que confirman la contaminación del agua, incluso en la que se distribuye como potable.
Estudios del Laboratorio de Ecología Microbiana y Productos Naturales Marinos de la UNAM detectaron la presencia de bacterias fecales, coliformes y E. coli en pozos y en agua entubada de comunidades como Kinchil, Maxcanú, Kopomá, Chocholá, Santa María Chi, San Fernando, San Rafael, Santa Teresa y Paraíso.
“Estamos hablando de un riesgo actual que enfrenta toda la población, especialmente niñas, niños y personas adultas mayores”, advirtió la abogada.
A estos hallazgos, dijo, se suman los estudios de la Universidad John Hopkins, que mediante un marcador genético confirmaron que el agua está contaminada específicamente con materia fecal de cerdo, descartando que el origen sea humano o de fauna silvestre.
Medina precisó que la propia autoridad ambiental federal reconoció en 2023 la existencia de más de 500 granjas porcinas en Yucatán, de las cuales menos de diez contaban con autorización de impacto ambiental. “Hablamos de una industria en total ilegalidad”, criticó.
Por su parte, el abogado y activista Jorge Fernández Mendiburu recordó que ya en 2020 se había interpuesto una primera denuncia regional contra estas granjas, la cual derivó en un informe oficial de la Semarnat en 2023 que documentaba sus impactos. Sin embargo, lamentó, el documento se quedó “en la mera constatación de los daños”, sin acciones legales o administrativas contundentes.
La denuncia actual, detalló la abogada, exige que no se autoricen nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental ni ampliaciones de granjas en el estado, que se cumpla con las suspensiones judiciales vigentes -como en el caso de Santa María Chi- y que la Profepa promueva acciones colectivas para la reparación integral de los daños.
Santa María Chi, granja en desacato judicial
El comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Puc, denunció que la mega granja porcícola de la empresa Pecuaria Peninsular, de la familia Loret de Mola Coldwell, continúa operando a menos de 100 metros de las viviendas, pese a que un juez federal ordenó su cierre inmediato y el retiro de los animales.
“Hasta ahora, la Profepa ha impuesto 17 sanciones y una multa de más de 14 millones de pesos, que no se ha pagado. La granja sigue operando como si no pasara nada, en un acto de impunidad que viola al estado de derecho”, aseveró.
Testimonios de las comunidades
Las denuncias fueron reforzadas con testimonios de habitantes que viven a diario las consecuencias. Diana Can Pat, vecina de San Rafael, narró que la contaminación ha alcanzado hasta el agua de las escuelas primarias, obligando a las familias a comprar garrafones incluso para bañar a los bebés, pues el agua de pozo les provoca ronchas en la piel.
Contó también que el olor de las granjas impregna las viviendas e impide a las familias realizar actividades cotidianas en condiciones dignas. De igual modo, reveló amenazas y violencia contra quienes alzan la voz en defensa de su territorio.
Un caso es el de los apicultores de una cooperativa de Maxcanú, quienes perdieron en 2019 la certificación de su miel orgánica debido a la cercanía de las granjas: “esa pérdida nos ha costado casi un millón y medio de pesos, pero más allá del dinero, lo que está en riesgo es nuestra relación ancestral con las abejas y con la tierra”.
Exigen acciones inmediatas
Las comunidades y colectivos reiteraron que ya no aceptarán más diagnósticos ni promesas de estudio, sino medidas concretas que detengan la contaminación. Entre sus peticiones están la intervención de la Profepa y la Semarnat, el cumplimiento de órdenes judiciales y la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por delitos ambientales.
“Hoy hablamos con pruebas. Ya no se puede negar que el agua de Yucatán está siendo contaminada por la industria porcícola. Las autoridades tienen la obligación de actuar”, concluyó la abogada Lourdes Medina.
Edición: Ana Ordaz
