Yucatán > Sociedad
Astrid Sánchez
12/01/2026 | Mérida, Yucatán
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, sabemos que nos estamos enfrentando a unos gigantes, a unos millonarios, nosotros con trabajo tenemos para juntar, para venir con la camioneta, pero si hay una justicia se tiene que hacer valer hasta las últimas consecuencias, no vamos a desistir”, señaló doña Goya Dzul luego de pararse frente a una bulldozer en movimiento para evitar su avance.
Goya es una de las integrantes del Consejo Comunitario de Kinchil que acudieron al predio donde se llevan a cabo las obras de ampliación de la granja avícola de la empresa Crío, que han sido clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero que no se han detenido.
Foto: Astrid Sánchez
Al llegar confirmaron sus sospechas: la maquinaria pesada estaba trabajando en el territorio y al ver la presencia de los pobladores, los operadores decidieron retirarse, sin embargo, el Consejo logró retener a uno de ellos que operaba un vehículo bulldozer, más conocido como “oruga”.
La acción, señalan, se realiza tras el hartazgo de la comunidad ante las obras de la granja avícola que con su proyecto de ampliación en la comunidad de Tzemé ha devastado alrededor de 13 hectáreas de monte, donde, además de la diversidad de vegetación, también se encuentran vestigios arqueológicos.
"Había tres cerros, como pirámides mayas, enterraron un juego de pelota; a lado de los cerros había pozos, está todo aniquilado. Se han encontrado restos de vasijas, de cerámicas, de los antiguos mayas que vivían aquí, que realizaban sus ceremonias y no han respetado nada”, declaró Federico May Cuitún, integrante del Consejo.
Al pedir una explicación sobre el retiro de los sellos federales de clausura que colocó la Profepa el pasado viernes 9 de enero en la maquinaria pesada, el operador aseguró que él sólo cumplía órdenes que le dio su empresa de cumplir con su trabajo habitual, situación que molestó a los defensores del territorio.
“Exigimos a las autoridades, al gobernador Joaquín Díaz Mena y a la presidenta Claudia Sheinbaum que tomen cartas en el asunto, no puede ser que una empresa tenga más poder que el Estado de derecho, que la legislación mexicana. ¡Basta ya de injusticias y de abusos contra la comunidad de Kinchil y la comunidad maya!", reclamó Federico May.
Desde el pasado octubre, el Consejo Comunitario de Kinchil se encuentra vigilante que se cumpla la orden de suspensión definitiva que fue dictada en resolución del amparo indirecto 2352/2025 presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Yucatán.
Tras meses de comprobar que las obras no se han detenido, pobladores consiguieron también que el INAH colocara sellos de clausura el 22 de diciembre de 2025 y la Profepa el 9 de enero de 2026.
El año pasado, hombres y mujeres de Kinchil presentaron la denuncia contra la empresa Crío al ser testigos de la devastación de la selva maya y del derribamiento de los vestigios arqueológicos.
Además, aseguran que la actividad de la granja avícola tiene un impacto negativo en toda la comunidad y comienza a reflejarse en la cosecha de miel, que ha disminuido considerablemente, ya que las obras modificaron la dinámica de las abejas.
“Ellos se están enriqueciendo y nosotros nos estamos quedando más pobres. Nos están contaminando el agua, están devastando el monte, derribaron el cerrito que es era de una ciudad maya. Es mucha la devastación, es cierto que necesitamos trabajo, pero no de esta manera”, Félix Canul, apicultor integrante del Consejo.
Luego de esperar durante horas la llegada de representantes de la Profepa, se logró que los sellos de clausura fueran recolocados y el Consejo advirtió que no permitirán que las operaciones se reactiven.
“No tenemos miedo porque sabemos que no estamos haciendo algo malo, no estamos atentando contra alguien, nosotros simplemente nos estamos defendiendo”, señaló doña Goya Dzul.
El Consejo Comunitario de Kinchil aseguró que se mantendrá al pendiente de las acciones tanto de la empresa como de las autoridades para garantizar que no haya más afectaciones en el territorio.
Edición: Estefanía Cardeña
