Opinión
Andrés Silva Piotrowsky
03/03/2026 | Mérida, Yucatán
La absolución,
ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de Juana Hilda González Lomelí, implicada en el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de
la presunta fallecida, Isabel Miranda de Wallace, y la histórica elección por el voto popular del Poder Judicial, que implicó la renovación de los ministros de la SCJN y de buena parte de los jueces que trabajan para esa institución, realizadas en el 2005, constituyeron un soplo de optimismo para la mayoría de los mexicanos y, en particular, para quienes han sido objeto de injusticias y víctimas de actos inhumanos por parte de las instituciones que, por mandato constitucional, están obligadas a impartir justicia pronta y expedita.
Si a lo anterior sumamos la acertada decisión política de remover al ahora ex fiscal, Gertz Manero, y dejar en su lugar a Ernestina Godoy, quien como fiscal de la Ciudad de México integró impecablemente, entre otros casos, el del Cártel Inmobiliario, logrando aunque sea parcialmente aplicar la justicia a los panistas corruptos que forman parte de ese grupo delictivo, el soplo se convirtió en un huracán de esperanza que se ha topado con ese especie de Leviatán que AMLO llamó en su momento el Elefante Reumático y que sigue ahí, apenas despertando.
Brenda Quevedo Cruz, también injustamente implicada en el caso Wallace, permanece aún en arraigo domiciliario y sin sentencia después de 20 años, so pretexto de que el nuevo juez, electo por el voto popular, pidió más tiempo para analizar su caso, cuando pesan sobre ella los mismos cargos de los cuáles fue exonerada por la SCJN, González Lomelí y pese a que la ONU emitió una resolución pidiendo su libertad inmediata y la reparación del daño desde 2022. Actualmente otro organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también estudia el expediente; sin embargo, las autoridades mexicanas siguen pasmadas, reforzando la idea generalizada que en México la balanza de la justicia sólo se inclina a favor de quienes tienen los recursos financieros suficientes.
El caso Wallace ha sido documentado profusamente por diversos medios, en particular en lo que compete a Brenda. El periodista Ricardo Raphael publicó recientemente su libro Fabricación en el cuál se hace énfasis en la descomunal injusticia que está viviendo esta mujer desde hace dos décadas y ni así se mueve una hoja del expediente para dar sentencia o dejarla en libertad absoluta, como sería lo justo y necesario. Es pertinente reconocer que el nuevo juez sí brindó la posibilidad de que Brenda pudiera acudir a citas médicas y realizar una operación por las lesiones que dejaron en su cuerpo las torturas infligidas en su paso por prisión.
Tras un año de fungir como Jefa del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su cotidiana conferencia matutina ha otorgado el uso de la palabra en diversas ocasiones a la periodista, Anne Vigna, del diario francés Le Monde, quien ha sido muy enfática en señalar la monstruosa situación que vive Brenda Quevedo, dando como resultado el compromiso de la Presidenta para atender el asunto directamente con la fiscal general, Ernestina Godoy.
No dudamos que tras el tortuguismo heredado por Getz Manero, la nueva fiscal tenga un mar de asuntos que tratar; sin embargo, el país necesita buenas noticias urgentemente sobre los resultados por haber dado un paso histórico al elegir por el voto popular a jueces y magistrados. El caso Wlalace, cuando menos, está suficientemente documentado legal y mediáticamente como para poner el acento en él y resarcir a esas personas que han sido víctimas atroces del régimen pasado y a quienes como Estado y como sociedad les debemos una vida; de lo contrario, crecerá la percepción de que estamos viviendo de otro modo lo mismo.
*Pie de foto: Brenda, desde su casa en el Ajusco, donde permanece en arraigo domiciliario, sin perder la esperanza de que su caso concluya pronto.
Edición: Fernando Sierra
