Acusan Indignación y Unasse violaciones a derechos humanos de trabajadoras sexuales

Piden a Codhey que exija el debido respeto a quienes realizan esta labor
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Mérida han denunciado violaciones a sus derechos humanos, como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robos e incluso actos que podrían ser considerados como tortura mediante diversos operativos realizados por la Policía Municipal, informaron en un comunicado Indignación y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse).

Ambas agrupaciones detallan que el pasado 10 de agosto, elementos policiales detuvieron de manera arbitraria a ocho trabajadoras sexuales que laboraban por el rumbo de San Cristóbal, en el centro de la ciudad de Mérida.  

El argumento utilizado, según detallaron en el boletín de prensa, fue que “no estaban guardando la distancia y por cometer disturbios”. Posterior a su detención y traslado a las instalaciones de la corporación, donde fueron privadas de su libertad, les quitaron la ropa, a una de ellas una policía la agredió sexualmente, además de tomarles fotos y grabarlas, mientras recibían burlas de los elementos policíacos.  

Además de la detención ilegal, agregaron, y de recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las trabajadoras detenidas les robaron dinero.

Unasse e Indignación indicaron que otro operativo similar fue realizado ayer cuando otra vez la  Policía municipal detuvo a siete  trabajadoras sexuales en las mismas inmediaciones del Parque de San Cristóbal. Según el testimonio de una de ellas que logró escapar y refugiarse en un supermercado, este tipo de operativos se han dado casi a diario.

Las trabajadoras denuncian que la dependencia las persigue, las insulta, les dice que se dediquen a otra cosa, las extorsionan y las detienen bajo el argumento de estar cometiendo  disturbios.

Las organizaciones civiles resaltaron  que la política de persecución hacia el trabajo sexual ha sido parte de la apuesta de la actual administración; recordaron que el día 14 de septiembre del 2019, el Cabildo aprobó diversas reformas a disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, donde se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Específicamente, la fracción VI del artículo 15  relativo al título III “de las infracciones a la dignidad de las personas”, establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública. Esta prohibición representa una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales, situación que ha sido ya considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos. Dicho reglamento ha sido impugnado ante los Tribunales Federales por diversos colectivos de trabajadoras sexuales.

“Los operativos denunciados por las trabajadoras sexuales, así como el citado Reglamento, violan la Constitución Federal y la de Yucatán que establecen la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas que integran los grupos de atención prioritaria, situación que implica, entre otros, el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición, así como el derecho a la no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de su condición”, afirmaron.  

Reiteraron  que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado, por ello, no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado que en México la vulneración de los derechos que experimentan las personas trabajadoras sexuales no se limitan solo a su actividad, sino a las discriminaciones que previamente se acumulan sobre ellas al pertenecer a poblaciones específicas.

Se ha documentado que cuando las personas trabajadoras sexuales dejan de ser vistas y tratadas como delincuentes, corren menos riesgos de sufrir tácticas policiales agresivas y se reorienta la atención a la defensa de sus derechos humanos.

Frente a esta  constante campaña de hostigamiento y violación a derechos humanos emprendida por el municipio de Mérida, subrayaron que resulta fundamental que tanto la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, (Codhey) exija el debido respeto a los derechos humanos de quienes realizan esta labor, emita las medidas cautelares pertinentes e inicie de oficio una investigación que derive en recomendaciones específicas al municipio de Mérida que lleven a la sanción de los policías responsables y al establecimiento de políticas públicas que eliminen el estigma y la inseguridad con la cual las trabajadoras sexuales realizan su labor.

De igual manera, exigieron al gobierno municipal que cese el acoso, detención, extorsión y hostigamiento por parte de la policía hacia quienes ejercen el trabajo sexual en las calles, que se investigue y sancione a los policías que han violado los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y que se establezcan medidas y mecanismos adecuados, juntos, con quienes ejercen esta labor, para garantizar que este trabajo se realice en condiciones de seguridad  para las trabajadoras sexuales.

 

Edición: Enrique Álvarez


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