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Astrid Sánchez
18/05/2026 | Mérida
Valiéndose de su mayoría en el Congreso del Estado, Morena y Partido del Trabajo aprobaron este miércoles una serie de reformas a la Ley de Transporte de Yucatán que fueron calificadas por la oposición como anticonstitucionales ya que colocan una figura de control y toma de decisiones por encima del titular de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).
La iniciativa, promovida por el gobernador Joaquín Díaz Mena, establece la creación de una Junta Directiva conformada por cinco personas, tres impuestas por el Poder Ejecutivo y dos seleccionadas por el Poder Legislativo, quienes operarán durante dos años, con posibilidad de ratificación.
La creación de esta Junta fue considerada por legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI como un acto inconstitucional al atentar contra la autonomía de la ATY al crear un órgano por encima de su titular que, además, será impuesto por el gobernador y por el Congreso que cuenta con la mayoría de Morena.
“Le está poniendo un nuevo órgano al titular y la Constitución es clara, le da al titular autonomía técnica, presupuestal y de gestión y capacidad para determinar su organización interna. Y hoy desde aquí, desde una ley secundaria le estamos diciendo cómo va a ser su organización interna y no solo eso, vamos más allá y le ponemos nuevo jefe. Y ese jefe ¿saben quién es? es el gobierno del estado y el Congreso. Volvemos a politizar el transporte público”, advirtió el panista Roger Torres.
Por su parte, Gaspar Quintal, líder del PRI, lamentó que esta iniciativa avanzara de forma exprés sin aceptar la realización de un parlamento abierto que escuche voces de especialistas, estudiantes, usuarios del transporte, organizaciones civiles, concesionarios, sectores involucrados y del mismo titular de la ATY, Jacinto Sosa Novelo.
“La autonomía existe precisamente para evitar controles indebidos, para garantizar decisiones técnicas y para impedir la concentración del poder, la creación de una junta de gobierno integrada además bajo criterios de control político, genera inevitablemente una pregunta legítima: si realmente se busca mejorar el sistema de transporte o se pretenden ampliar estructuras democráticas y espacios de control administrativo”, cuestionó el abanderado del tricolor.
En ese mismo contexto, Javier Osante, de MC, dijo que se modificaron más de 70 artículos con un corto tiempo de análisis y violando la constitución.
“Nuestra Constitución, en su artículo 73 Ter, consagra a la ATY como un organismo autónomo y tiene una naturaleza jurídica que es protegida para evitar precisamente que el gobernante en turno la use como caja chica o como su herramienta de control. Al centralizar las funciones y arrebatarle su esencia está violando la Constitución”, dijo el emecista.
Por otro lado, a favor de esta iniciativa gubernamental se posicionaron los diputados Alejandro Cuevas y Francisco Rosas, quienes defendieron la necesidad de reformar la Ley de Transporte en favor de las personas usuarias.
Los legisladores señalaron que las reformas eliminarán los privilegios de las empresas privadas y atenderán las deficiencias observadas en el diagnóstico realizado al sistema Va y Ven y Ie-tram.
“La antigua administración de la ATY ocultó la realidad financiera del sistema. Los ingresos no daban para pagar los gastos mientras las arcas públicas se vaciaban. La ciudadanía seguía padeciendo deficiencias en el servicio y en el sistema se volvió financieramente insostenible. Ese modelo terminó convirtiéndose en una caja chica financiada con dinero del pueblo… Desde la llegada de la nueva administración, se detectaron contratos leoninos, rutas mal distribuidas, recorridos sin pasajeros y zonas sin cobertura suficiente”, señaló Cuevas, de la bancada de Morena.
El morenista aseguró que esta reforma devolverá al transporte de su carácter de servicio público y dejará atrás la visión mercantilista que antes se hacía.
De igual forma, Francisco Rosas defendió que las modificaciones atiendan las deficiencias de todo el sistema de transporte, incluidos los taxistas, y aseguró que el servicio será sostenible, digno, accesible, eficiente y humano.
“Esta reforma corrige ese modelo jurídico y financiado que nos han heredado, porque hay que terminar con prácticas hechas para beneficiar a unos cuantos mientras se hipoteca el futuro del transporte público de nuestro estado”.
