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Astrid Sánchez
18/06/2026 | Mérida
Colonos de La Guadalupana y Plan de Ayala Sur y ejidatarios de San Antonio Xluch y Noco convocaron a una rueda de prensa para exponer la situación de incertidumbre en la que viven debido a la falta de regularización de sus predios, un problema que afecta a mil 300 familias del sur de Mérida.
Los afectados acusan que Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) mantiene detenido el proceso de expropiación y regularización de asentamientos humanos, lo que les impide poder obtener sus títulos de propiedad.
Los representantes de la comunidad señalan que el terreno de aproximadamente 74 hectáreas es una superficie de tierras de uso común que pertenece al ejido, pero se requiere que las autoridades federales permitan la regularización de los lotes de las familias que ahí habitan.
Los ejidatarios y colonos detallaron que la controversia surgió cuando un funcionario de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), que hoy es Insus, de nombre Rafael Chan Castañeda, se acercó al Ejido y a los colonos para ofrecer sus servicios privados de regularización de dichas tierras y convertirlas en solares urbanos, argumentando que tenía “información privilegiada” para este procedimiento, haciendo valer su posición y cargo dentro de esa dependencia.
Las personas confiaron en este hombre, quien les cobró más de 6 millones de pesos por esos trabajos, pero los defraudó y debido a sus errores técnicos y jurídicos se les negó la inscripción ante el Registro Agrario Nacional.
Los afectados presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General Anticorrupción, pero Rafael Chan gestionó su baja al Instituto y nunca fue sancionado. Por lo tanto, sospechan que fue protegido por funcionarios del Insus.
Luego de este suceso, los ejidatarios de San Antonio Xluch y Noco tuvieron un nuevo acercamiento con esa dependencia para tratar de solucionar el problema y le solicitaron su incorporación al Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH) del gobierno federal, cumpliendo con diversos trámites, como por ejemplo, la celebración de una asamblea general el pasado 11 de mayo de 2025 en la que se aprobó realizar dicho procedimiento.
Sin embargo, desde entonces a la fecha, el Insus no ha cumplido con su compromiso de realizar trabajos técnicos y mediciones topográficas, ni mucho menos el procedimiento expropiatorio de la superficie, a pesar de que el ejido ha presentado diversos escritos para exigir respuestas por esta demora.
Los afectados exigen al Insus que inicie con los trabajos técnicos de medición de los solares para la regularización de los mismos, así como los del trámite expropiatorio. Además, que se les entregue los oficios y la documentación pertinente que acredite el avance del proceso de regularización.
Y también solicitan una copia del documento sobre el procedimiento sancionador que supuestamente el INSUS inició en contra de Rafael Chan Castañeda por las irregularidades cometidas.
“Lo único que buscamos es certeza jurídica, que podamos obtener los títulos de propiedad de nuestros propios hogares y que nos permita proteger el futuro de nuestros hijos”, enfatizaron.
