Yucatán > Sociedad
Astrid Sánchez
03/07/2026 | Mérida
El próximo 9 de agosto se llevará a cabo una marcha de personas defensoras del territorio para exigir el cese de la criminalización de su lucha, tras el registro de varios casos en distintos municipios de Yucatán, acción que, consideran, se trata de un intento de criminalización.
Representantes de comunidades mayas de Ixil, Kinchil, Santa María Chi, Molas y Caucel Pueblo realizaron una rueda de prensa para exponer sus casos de lucha contra megaproyectos que atentan con el medio ambiente, el patrimonio cultural y la vida cotidiana de sus territorios y anunciaron la movilización que busca levantar la voz en contra de los procesos penales que enfrentan defensoras y defensores.
Por ejemplo, expusieron el caso de Wilberth Nahuat, quien recientemente fue deslindado del delito de secuestro, que representantes de una granja porcícola pretenden atriburile luego de que consiguiera el cierre de operaciones y el retiro de cerdos de la comisaría de Santa María Chi en Mérida.
Los empresarios decidieron apelar la decisión de autoridad judicial de no ejercer acción penal en su contra, con lo cual existe el riesgo de que se reactive el caso.
Por otro lado, Sergio Oceransky, representante de Fundación Yansa, que acompaña y representa a personas defensoras del territorio, actualmente porta un brazalete electrónico que le fue impuesto tras su vinculación a proceso por el presunto delito de extorsión que después fue modificado a amenazas luego de que el activista denunciara un megaproyecto inmobiliario.
También está el caso de Guillermo, un defensor de Ixil, quien enfrenta un proceso por el delito de despojo, pesea que él no se encontraba en el lugar el día de los hechos señalados en la carpeta de investigación y asegura que su comunidad no cometió despojo al defender sus tierras porque es donde ancestralmente han buscado el sustento.
Este caso se deriva de la disputa por la posesión de tierras que una familia quiere que se le reconozca para desarrollar un proyecto inmobiliario, pero que la comunidad no aprueba porque es un territorio que ha pertenecido a las comunidades mayas desde hace varias décadas.
Además, debido a estos procesos, defensores de otras comunidades temen atravesar por la misma situación, es por ello que exigirán no más criminalización contra las personas que defienden su territorio.
La marcha se realizará el domingo 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, avanzará del Remate Paseo Montejo al Palacio de Gobierno, con horario aún por confirmar.
